Estado y sociedad andan escasos de "vocaciones"

A raíz del post anterior, EEUU: El socorro eficiente solo es para los ricos, Sergio Gustavo Rabadá comenta en su bitácora (Espejos y Dragones) que se plantea un disenso entre quienes sostienen que los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la educación, a la atención sanitaria y a otros servicios, frente a los que opinan que exigir esas y otras prestaciones equivale a promover un Estado paternalista, y en base a este argumento defienden que los servicios, incluidos los básicos, sean total o parcialmente confiados a empresas privadas.
El asunto, aparte de mil y una consideraciones, cabría resumirlo, según Sergio Gustavo Rabadá, con un silogismo inacabado y un interrogante:

Si el Estado no garantiza el acceso a un servicio de educación o de salud gratuitos, ni a otros servicios considerados básicos, incluidas la seguridad y la Justicia, «¿cuál es la función del Estado moderno, qué debe hacer, a qué debe dedicar sus esfuerzos?», concluye.

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Ilustración de J·R·Mora

¿Vivir en sociedad o como robinsones?
En los Estados de Derecho y democráticos, la opinión más generalizada es que el Estado debe asumir funciones y servicios básicos (sanidad humana y animal, justicia, enseñanza, defensa, seguridad, energía, infraestructuras del transporte, etcétera y etcétera).

Sin embargo, a la hora de garantizar (o procurar) esas prestaciones hay Estados que, por ejemplo, construyen autovías u hospitales y las gestionan directamente, en tanto que otros ceden la gestión a empresas privadas. Incluso hay Estados que se limitan a propiciar la existencia de servicios sanitarios privados, otro ejemplo (caso de los seguros médicos estadounidenses), y la Administración sólo asume la prestación cuando se trata de indigentes o de personas afectadas por desastres, dejando así que sea el individuo quien haga frente a sus necesidades como mejor considere y pueda; es decir, el individuo sólo dispone de lo que le permite su capacidad económica, incluso en el campo de la sanidad o la enseñanza.

El debate está abierto desde el siglo XIX, cuando en Occidente empezó a consolidarse el tránsito al Estado moderno. Y cabe intuir que seguirá abierto durante decenios. De hecho, este asunto constituye la frontera --sinuosa y casi siempre borrosa por causa de inevitables subjetividades-- entre derecha e izquierda o conservadores y progresistas, o como se quiera calificar a esas dos grandes corrientes político-ideológicas.
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¿Gobernantes democráticos o conseguidores?

Pero hay un aspecto aparentemente banal que ya urge zanjar: ¿Por qué tantos políticos están convencidos de que los administrados deben darles las gracias por construir carreteras, colegios, depósitos de agua, depuradoras, líneas férreas o simples aceras en una vía urbana?

Cuando esos políticos que hacen favores dejen de considerarse benefactores y salvadores de no se sabe qué, y asuman su función con la naturalidad que corresponde --sin necesidad de colgarse medallas cada día-- se habrá dado un paso fundamental para dilucidar qué tipo de Estado más conviene a la mayoría.