Imagínese, amable lector/a, que invierte 6.000, 12.000 o 25.000 euros en un negocio y que los gestores de la empresa en la que usted ha colocado sus ahorros sobrevaloran los activos, falsean las cuentas y, finalmente, vacían las arcas de la compañía, apropiándose de sus ahorros.
¿Qué haría usted?
Lógicamente, denunciar y jo... perdón, fastidiarse, pues los trámites y previsibles recursos retrasarán varios años la resolución del caso en los tribunales.
A mayores, lo más probable es que los estafadores se declaren insolventes --o hayan colocado el dinero en el extranjero--, por lo que usted se quedara a dos velas; con independencia de que los delincuentes acaben o no en prisión.
¿Qué haría usted?
Lógicamente, denunciar y jo... perdón, fastidiarse, pues los trámites y previsibles recursos retrasarán varios años la resolución del caso en los tribunales.
A mayores, lo más probable es que los estafadores se declaren insolventes --o hayan colocado el dinero en el extranjero--, por lo que usted se quedara a dos velas; con independencia de que los delincuentes acaben o no en prisión.
Y si hay suerte, parte de lo estafado será repuesto mediante el embargo de los bienes y del dinero que posean los criminales.
Viñeta de Orsai & Faul |
Sin entrar en valoraciones de mayor enjundia, referidas a la esencia del sistema y de las leyes vigentes, esas son las actuales reglas de juego. Pues bien, en el Estado de Derecho del Reino de España esas reglas de juego (leyes) son relativas porque usted puede recuperar el dinero robado con cargo al erario --es decir, con cargo al bolsillo del resto de ciudadanos--. Eso sí, para que esta posibilidad se sustancie se debe dar una condición: que el delito de estafa, apropiación indebida, quiebra fraudulenta y/o alteración del precio de las cosas afecte a decenas de miles de electores...
En resumen, esto es lo que ocurrirá si las Cortes aprueban una iniciativa legislativa que, entre otras cosas, destina 900 millones de euros del Estado (dinero de todos los contribuyentes) para compensar a los particulares que invirtieron en sellos de Fórum Filatélico y Afinsa.
Semejante absurdo --que quiebra principios básicos de equidad que son fundamentales para que un Estado de Derecho sea real y creíble-- cuenta en principio con el apoyo del partido gobernante... Excusas aparte, semejante aberración sólo tiene una explicación racional: las víctimas del delito suman más de 300.000 votos y las elecciones están a la vuelta de la esquina.
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MÁS información, en la reseña del pronunciamiento del Gobierno, precisando que legalmente el Estado carece de responsabilidades subsidiarias porque, resumiendo, se trata de un posible delito perpetrado por empresas privadas que ha perjudicado a particulares sin que haya intervenido (ni pudiera intervenir) la Administración.
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ENLACES de interés:
1. Asociación de afectados Fórum Filatélico; nótese que en esta y en otras ePáginas hay quienes hablan de "los afectados por la intervención del Estado"; es decir, alimentan la falacia de que el Estado es responsable de que los estafados hayan perdido el dinero, al achacar la pérdida del líquido a la intervención de la autoridad judicial pese a que se ha limitado --como debe-- a abrir un expediente judicial y evitar que los estafadores siguieran agrandando el agujero.
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ACTUALIZACIÓN (48 horas después):
Finalmente, parece que la racionalidad se impone y, salvo sorpresa, la futura ley que regulará el mercado de bienes tangibles --ley que el PP en su día rechazó crear por razones todavía inexplicadas-- no incluirá la disposición adicional que preveía una reserva estatal de 900 millones de euros para devolver las pérdidas sufridas por los inversores.
No obstante, la ley irá acompañada de un aumento de la partida del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dedicada a conceder créditos blandos a los perjudicados por la trama de los sellos.
Más detalles en La voz de Galicia.
Finalmente, parece que la racionalidad se impone y, salvo sorpresa, la futura ley que regulará el mercado de bienes tangibles --ley que el PP en su día rechazó crear por razones todavía inexplicadas-- no incluirá la disposición adicional que preveía una reserva estatal de 900 millones de euros para devolver las pérdidas sufridas por los inversores.
No obstante, la ley irá acompañada de un aumento de la partida del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dedicada a conceder créditos blandos a los perjudicados por la trama de los sellos.
Más detalles en La voz de Galicia.
si de verdad al gobierno se les ocurre pagar a los que nos pasaron por el morro que eramos unos imbecieles por no poner nuestros dineros en Forum Filatelico (a mi me pasó) dan ganas de irse de este pais.
ResponderEliminarBesos Miguel Lopez
Todavía no logro entender lo sucedido con estas empresas. He leído en distintas partes, Consumer Eroski por ejemplo, que era una estafa del tipo piramidal, como la inventada por el imigrante Charles Ponzi en los Estados Unidos y en otros lugares que las empresas re-invertían realmente en negocios más rentables y que los sellos eran algo así como "letras" del tesoro o una forma de dejar asentada la inversión.
ResponderEliminarTambién he leído que estas entidades no podían reintegrar el dinero (inversión inicial)de todos sus clientes sin embargo, y esto es una regla bancaria, ningún banco del mundo puede devolver todo el dinero depositado en él en un momento dado ya que este dinero, como es fácil suponer, está invertido al corto, medio y largo plazo. Intervenir un banco porque no puede devolver el dinero a el 100% de sus clientes si se lo exigen ya es una muestra de falta de conocimientos financieros.
Es decir que por una parte, si la estafa seguía el modelo de la pirámide de Charles Ponzi en la cual el dinero de los nuevos clientes servía para pagar los intereses de las inversiones de los viejos clientes ambas empresas fueron correctamente intervenidas, pero si la base legal utilizada para proceder a su cierre fue la de que no podían reintegrar todo el dinero de sus inversores en un momento determinado la intervención cometió un claro error de criterio y aquí sí existiría una clara responsabilidad estatal respecto a la pérdida sufrida por los clientes de estas entidades.
Esta falta de información, en mi caso, me obliga a ser cauteloso a la hora de expresar mi opinión ya que la misma depende de lo anteriormente expresado y que en síntesis podría ser enunciada de esta forma: "Lo que habría que definir es si la intervención por parte del estado en un negocio entre particulares estuvo, o no, justificada ya que de esta justificación depende la justicia del reclamo".
Un abrazo.