25 septiembre 2008

La cobardía política de los responsables públicos de Educación

El rifirrafe que ha organizado un sector de los católicos debido a la obligatoriedad de la asignatura Educación para la Ciudadanía [sin menoscabo de la gravedad que supone promover el incumplimiento de las leyes] solapa y en gran medida tapa cuestiones tanto o más graves en el sistema público de enseñanza. Nada más efectivo que ir a lo concreto para comprobar hasta qué punto se han incumplido y se incumplen las leyes de educación, con el agravante de que la Administración no hace nada efectivo para evitarlo.
Veamos algunos casos:
Selección de alumnos
En A Coruña, el grupo escolar que conforman los colegios Montespiño y Peñarredonda, del Opus Dei pero concertados, separa niños y niñas aplicando así criterios sexistas pese a que esa práctica está expresamente prohibida en centros públicos y concertados.
Por añadidura, ese centro, que por ser concertado es una más de las opciones de escolarización que ofrece la Administración a las familias residentes en una zona determinada de la ciudad, somete a las niñas y niños que aspiran a ingresar a una entrevista personal que la dirección del centro ha decretado obligatoria, y sólo tras ese vis a vis se decide la aceptación o no del alumno o alumna. ¿Qué hace la Consellería de Educación? Nada.
Hecha la ley, hecha la trampa
Otro ejemplo: a las horas de entrada y salida de clase las calles de A Coruña viven la invasión de los autocares escolares, servicio este cuyas concesiones fueron en su día fuente de conflictos, agradecimientos, clientelismos...
Pero vayamos al grano, el caso es que esa invasión constata que el número de niños y niñas que acuden a un centro que geográficamente no les corresponde es imposible de calcular. En este aspecto cabe destacar un ejemplo paradigmático:
El colegio coruñés de los jesuitas, Santa María del Mar --también concertado--, está ubicado en una zona donde la población gitana es singularmente elevada, pero esa etnia es invisible en las aulas.
Los empadronamientos interesados (en casa de amigos o familiares, e incluso en locales comerciales) suman decenas y decenas.
¿Qué ha hecho la Administración para hacer cumplir la ley? Apenas nada.
Documentos que carecen de valor legal
Otra aberración: La religión es una materia optativa, voluntaria o no obligatoria, dicen... Pero hay variados ardides para saltarse a la torera esa prescripción.
Una de las trampas más efectivas consiste en invitar a los padres a firmar un documento por el que se comprometen a aceptar el ideario del colegio. Esa ceremonia, pese a que es radicalmente nula en Derecho --y muy probablemente delictiva--, surte inevitables efectos conminatorios y los padres acatan y callan. ¿Quién va a pensar que la dirección de un colegio concertado, que supuestamente está sometido al control de la Administración, incurre en una flagrante ilegalidad?
Otro ardid: Hay colegios concertados en los que el director u otro responsable del centro emplaza al padre o la madre del alumno a una entrevista durante la que les pregunta si el niño está bautizado y si lo está, el representante de la empresa-colegio concluye que entonces el menor sí está obligado a cursar la asigntatura de religión católica... ¡Es increíble, pero cierto!
La gota que agita el contenido del vaso
En efecto, boicotear la asignatura Educación para Ciudadanía equivale a fomentar una ilegalidad; pero choca que quienes gobiernan y quienes están en la oposición pretendan convencer a la ciudadanía, o así lo parece, que ese episodio es la única ilegalidad grave y generalizada que acusa la enseñanza pública.
Esas y otras disfunciones e ilegalidades --demasiadas-- ocurren desde hace años y años, luego todos los partidos que han gobernado desde 1978 son corresponsables políticos del desmadre --sin restar sus cuotas de responsabilidad a padres, madres y docentes--, lo curioso es que los partidos anden a la greña en lugar de, por encima de todo, respetar y hacer respetar las leyes...
El caso de Educación para la Ciudadanía ha merecido más rebumbio porque es el ariete de la derecha nacional-católica. Sin embargo, sólo es uno más de los sinsentidos e ilegalidades que adornan el sistema público de enseñanza en las Españas.
NOTA:
La cobardía política del departamento de Educación de la Xunta de Galicia es, sin duda, aplicable a otras administraciones autonómicas y, por descontado, también la padece el ministerio. Y el rosario de ilegalidades que se registran en A Coruña no son exclusivas de esta ciudad. Si los ejemplos se refieren a Galicia y a A Coruña es porque aquí vivo desde hace años y a fecha de hoy es la realidad que mejor conozco. Pero me consta que en otras geografías la situación es igual o peor, rara vez es mejor.

5 comentarios:

  1. El sistema educacional en este país es vergonzoso. Si se mezcla con la religión es para esconderse debajo de la mesa y rezar, nunca mejor dicho, que no te toque.

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  2. A Casshern25:
    Lo que comento en el "post" no es casi nada. Hay colegios en los que el acoso de los docentes católicos ha llegado a provocar episodios de angustia y de pánico en alumnos de 8, 10 y 12 años.
    Es un asunto que habrá que tocar en más ocasiones.
    Un abrazo.

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  3. joer, se puede decir más alto, pero no más claro... ni mejor argumentado. es que es un escándalo. además, ¿alguno de esos críticos habrán leído un libro de educación para la ciudadanía? de qué creerán que trata?

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  4. Pa mí q lo de los responsables de educación es algo más q cobardía (que también!). Un poquito tb tendrá q ver con el dinero: si no dejan a los concertados q campen por sus respetos, igual tienen q crear más centros públicos...y eso no casa para nada con la política de restricción cutre q reina en esta Consellería (este año de manera especial...).
    En cualquier caso, tienes todita la razón, eso no les exime de exigir q se cumpla la ley, cosa q no hacen en absoluto.
    Y no, no es sólo en Coruña!
    bicos

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  5. Me gusta tu blog porque en él hablas claramente. Como el caso.

    Vamos a ver. ¿Por qué quieren los padres que su hijo estudie en un colegio concertado? Porque hay un menor número de alumnos "conflictivos" que ralentizan el ritmo de la clase.

    Y esto es ilegal, porque por ley los concertados tienen que cumplir unas cuotas. Pero esas cuotas se incumplen flagrantemente. Como bien saben los padres que mandan sus hijos a ese centro. De hecho, el disponer de clases "depuradas" es su principal fuente de negocio. Desde luego, no será por el profesorado. Quien trabaja de profesor en la privada, es porque no puede/quiere aprobar las oposiciones de la pública.

    Y cuando no incumplen los ratios de alumnos con dificultades, los falsean. Por ejemplo, un colegio concertado no tendrá ningún problema en aceptar a niños paraplégicos: basta con adecuar las instalaciones. O tampoco le importará contar con otros niños con "necesidades educativas especiales": los superdotados.

    Como mucho, en un ejercicio de integración y tolerancia, admitirán en sus clases a hijos de emigrantes...sudamericanos.

    De esta forma, tendrán en clase niños que no entorpecerán el ritmo de la clase.


    ¿Con qué tiene luego que torear el enseñante de la universidad pública? Con el gitano que "viste mal" en un colegio concertado, con el niño con problemas de percepción sensorial (sordomudos, ciegos), con el que presenta déficit de atención en clase, con niños con un CI de hasta el 70% (con esa integración nos ahorramos los carísimos centros especializados), los hiperactivos (eufemismo para los niños violentos-cabrones) y los inmigrantes...de habla no hispana.

    De verdad, alguna vez me gustaría que probárais a dar una clase con una niña marroquí que te mira con los ojos como platos, sin entender ni jota de lo que dices. En el pupitre de al lado, un enano que cada vez que habla (polaco) parece que declara la guerra, que directamente ignora tu existencia. Más tres o cuatro rebotados de otros colegios que sabes, a principio de curso, que te van a amargar el año. Eso, en una misma clase.

    Estamos creando una escuela pública de baja calidad, un contenedor para indeseables sin aspiraciones académicas.

    Y para los niños blancos y sanos: educación concertada. Negocio subvencionado.

    Similar, efectivamente, a la política que llevó a cabo Margaret Thatcher y que tuvo sus frutos en una importante fractura social entre hijos de obreros que fueron a la enseñanza pública e hijos de la clase media que se podían permitir enviarlos a la privada/concertada.

    Al menos, de aquella hornada de violencia juvenil salieron cosas interesantes: el punk, el movimiento skin-head...

    Veremos lo que sale del desmantelamiento de la educación pública en España.

    Por cierto, y perdón por la extensión. He leído algo sobre la Guerra Civil. Una de mis tesis de cuáles fueron los detonantes es el propósito de la República de arrebatar a la Iglesia la educación. Eso era tanto como quitarle el control de las conciencias de las futuras generaciones y condenarla en unas pocas generaciones.

    La educación pública y laica fue una, quizá la mayor, amenaza que provocó la necesidad de una reacción en la derecha española.

    Es una opinión, claro.

    Perdón por la extensión. Un saludo.

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