Las ignominias se comentan en voz bajo, no sea que... pues bien, dejando de lado a los columnistas y tertulianos que se ganan el pan dándole a la lengua para distraer a las masas, en España existe la convicción generalizada de que los responsable de mantener la dictadura y de reprimir a la ciudadanía [más de 100.000 desaparecidos y en torno a 30.000 bebés comercializados, entre otras barbaridades] fueron mandos del Ejército, dirigentes de Falange o del llamado Movimiento Nacional, la cúpula de la Policía (también nacional, ¡todo era nacional!: desde el gasógeno hasta la ensaladilla...), más la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Nadie más.
En la España democrática sigue vigente la prudencia (¿?) y a casi nadie se le ocurre incluir en esa lista de responsables de la ignominia a los jueces y magistrados --no todos, por supuesto-- que jugaron un rol esencial en la justificación, consolidación y mantenimiento del régimen dictatorial, ocultando e incluso justificando atropellos y crímenes y que, por tanto, defendieron la ignominia con miles de sentencias radicalmente injustas.
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Y ahí están todavía algunos de aquellos cómplices, apalancados en altos cargos de la judicatura pese a que juraron lealtad a los ejecutores y a los continuadores del golpe de Estado de 1936.
El Ejército, la Falange, las fuerzas de seguridad y la curia católica han pechado con la práctica totalidad de las culpas o responsabilidades; pero el poder judicial, que sin duda ninguna jugó un papel más importante que la policía política o que la Iglesia Católica, sigue sin limpiarse ni siquiera superficialmente.
Pasan los años y en la judicatura hay funcionarios franquistas que fueron cómplices por acción de un régimen que perpetró sistemáticamente crímenes de lesa humanidad ¡que son imprescriptibles!
En 1936, los jueces y magistrados que permanecieron fieles a la legalidad --entre los que abundaban los de fe cristina y de ideología conservadora-- fueron apartados de sus funciones, humillados, confinados en lugares remotos, obligados a expatriarse, encarcelados y en número todavía indeterminado, asesinados.
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Yo olvido, tu olvidas, él olvida...
pero ellos se niegan a olvidar
Prácticamente todos los jueces y magistrados que accedieron a la carrera judicial a partir del abril de 1939 hasta el diciembre de 1978 (aprobación de la Constitución) carecen de legitimidad para erigirse en docentes del Estado de Derecho.
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Yo olvido, tu olvidas, él olvida...
pero ellos se niegan a olvidar
Prácticamente todos los jueces y magistrados que accedieron a la carrera judicial a partir del abril de 1939 hasta el diciembre de 1978 (aprobación de la Constitución) carecen de legitimidad para erigirse en docentes del Estado de Derecho.
Es más, los que accedieron a la carrera judicial antes del fallecimiento del dictador, 20 de noviembre de 1975, deberían haber sido vetados para acceder a responsabilidades jurisdiccionales de rango superior por el sencillo y probado motivo de que sirvieron --cuando menos con su silencio-- a una Administración que no sólo incumplía principios básicos del Derecho, sino que además burlaba la Carta Universal de Derechos Humanos y cometía y justificaba delitos.
Hoy, cuando un funcionario de la Justicia apellidado Garzón --pero que se podía apellidar Domínguez, Cases, Urrutia, Pereiro o García-- abre vías para que sean enterrados con dignidad los miles de ciudadanos asesinados que yacen en fosas clandestinas, en la Administración de Justicia española hay ex servidores de un régimen criminal que dan lecciones de no se sabe qué y para mayor escarnio, se distraen y nos distraen con argumentos técnico-jurídicos que, una vez leídos, constatan la buena salud del franquismo.
Hoy, cuando un funcionario de la Justicia apellidado Garzón --pero que se podía apellidar Domínguez, Cases, Urrutia, Pereiro o García-- abre vías para que sean enterrados con dignidad los miles de ciudadanos asesinados que yacen en fosas clandestinas, en la Administración de Justicia española hay ex servidores de un régimen criminal que dan lecciones de no se sabe qué y para mayor escarnio, se distraen y nos distraen con argumentos técnico-jurídicos que, una vez leídos, constatan la buena salud del franquismo.
En un artículo que merece el calificativo de recomendable, Vicenç Navarro ha recordado que en el centro docente donde se formaron los jueces y magistrados más fieles al franquismo --de los que hay decenas todavía en activo-- los docentes subrayaban que ellos constituían «la milicia del Derecho siempre dispuesta e identificada con los firmes ideales del Estado Nacional que el Caudillo está construyendo».
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¿Politización de la Justicia?... Hay cosas mucho peores
Si el presidente del Tribunal Supremo fuera consecuente con la dignidad jurídico-democrática que se le supone, abandonaría el cargo, entre otras razones porque juró lealtad a los principios políticos del régimen franquista, y porque la politización de la Justicia de la que tanto se habla y escribe es baladí si se tiene en cuenta su trayectoria ideológico-intelectual.
Tras la muerte del dictador de nada sirvió cerrar los ojos, como se empeñaron los dirigentes de la transición: Hay cientos de franquistas que siguen en la cúpula de las instituciones. Es más, los franquistas no arrepentidos han engordado y numerosos franquistas licenciados en Derecho se han disfrazado de respetables juristas.
Urge llamar a las cosas por su nombre, sin miedo: Procesar a Garzón demuestra que la transición a la dignidad no ha terminado.
Me permito poner un pero, desde el respeto y el aplauso hacia los buenos post uqe vengo leyendo últimamente. Es fácil acusar hoy de resguardarse en el silencio y de poco menos de complicidad filofranquista con aquellos magistrados que curraron antes del 75. Pero, hombre, también había que comer y también habia que sacar una carrera para la, supongo, ellos tenian vocación. A veces hay que ser un poco cuco, tb, y si uno se mete a juez en el franquismo pues ya sabe en qué salsa anda metido.
ResponderEliminarOtra cosa es que acabado aquel tiempo miserable se retomen los cauces decentes y se trabaje de otra forma. Y que se jelee al dictador como hacia el difunto Samaranch en 1976, hablando del franquismo como periodo brillante y próspero en la historia de España.
un saludo cordial
Ese fue el problema Félix. Nos conformamos con el olvido demasiado fácilmente.
ResponderEliminarun abrazo
Una duda, habría que haber cesado sólo a los de la jurisddición penal ¿o también a los de lo laboral, civil y administrativo? Habría que haber cesado a gente como Martín Pallín, Peces Morate, Joaquín Gimenez, Jiménez villarejo, Martínez Zato, Conde Pumpido, Fernando Ledesma,...? Siendo coherente me imagino que también a todos los funcionarios públicos que adoptaban resoluciones conforme al ordenamiento franquista (funcionarios de prisiones y policías por supuesto). Sin hablar claro de todo militar de carrera. ¿y qué legitimidad podían tener para ser elegidos todos aquellos que habían ocupado puestos en las cortes franquistas e incluso en el gobierno (Suárez, Fraga, Gutierrez Mellado, en fin los que nutrían las filas de AP, UCD) Hubiera sido un buen comienzo para la democracia el haber apartado a muchas personas por razón del cargo y de un juramento más o menos ritual. Los formalismos son muy IMPORTANTES!! seguramente además hubiera sido fácil de hacer
ResponderEliminarRecordando el énfasis puesto en alguna sentencia de la época, dudo mucho de los motivos vocacionales.
ResponderEliminarA TODOS,
ResponderEliminarLo primero es agradecer la lectura y los comentarios, sin excepción, incluso los críticos, por supuesto.
Y lo segundo, una precisión sustancial:
Este post esta escrito en el 2010, muchos años después de que muchos --yo incluido-- estuviéramos esperanzados en que los franquistas --lo fueran convencidos, por comodidad o por lo que El Naúfragpo describe como la necesidad de ganarse el pan-- rectificaran o, como mínimo, se mantuvieran al margen y no dificultaran la construcción de una sociedad tolerante en la que, por ejemplo, para ser ciudadano español no fuera preciso cumplir determinados criterios.
Ahora, a la vista de lo que hay y de la ofensiva de quienes se arrogaban y se arrogan la "verdad" --¡pese a lo que hicieron o consintieron!-- es obligado replantearse todo y, entre otras cosas, temer que los años de postración y de cárcel perdonados fue un acto inútil, máxime ante el espectáculo que está dando el poder judicial, empeñado en tergiversar los hechos y obviar que LO ÚNICO QUE HA HECHO GARZÓN ES ABRIR UNA PUERTA LEGAL PARA DESENTERRAR DIGNAMENTE A LOS ASESINADOS Y OCULTADOS EN LAS CUNEAS.
No me arrepiento --creo que CASI ninguno nos arrepentimos-- de haber cerrado los ojos en mayor o menor medida para hacer posible la recuperación de la democracia, pero al menos yo no estoy dispuesto a que nieguen incluso el derecho individual a enterrar con dignidad a los que fueron asesinados por defender la legalidad y a los que combatieron la dictadura y fueron asesinados en callejones, cuarteles, carreteras abandonadas... O a los niños que fueron robados a sus madres porque eran supuestas portadoras de un gen anti-no se sabe qué.
No, el poder judicial no sólo nos ha defraudado, sino que se ha traicioonado a sí mismo; nadie pide venganza --salvo cuatro iluminados--, lo que exigimos la mayoría de los antifranquistas es que no sigan pisando la dignidad a la que en gran medida "renunciamos" para hacer posible la convivencia.
Y conste que no defiendo al PSOE ni al PCE, que en su día cometieron el error de creer --como millones de españoles-- que los franquistas y sus valores morirían... Y ahi están, resucitan en la cúpula, con la connivencia que supone la pasividad del PSOE --cuyo Gobierno ha tardado semanas en reaccionar--; de modo que toca decir basta, sin ambages ni rodeos.
O el poder judicial (CGPJ, el Supremo y el Constitucional) aplica criterios jurídicos propios de la Europa democrática o este país se convierte, ya definitivamente, en el vertedero de la dignidad.