La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado que el edificio administrativo que la Xunta posee en Vigo es ilegal.
El asunto colea desde 1998, cuando una primera sentencia ya advirtió de la ilegalidad en la que al alimón habían incurrido el Gobierno autonómico, el Ayuntamiento de Vigo y el Consorcio de la Zona Franca, pues parte de las superficies utilizadas en el proyecto Abrir Vigo al Mar forman parte de los terrenos portuarios.
La sentencia también afecta al centro comercial de A Laxe que actualmente se edifica en la misma zona y al nuevo mercado de O Berbés.
El asunto colea desde 1998, cuando una primera sentencia ya advirtió de la ilegalidad en la que al alimón habían incurrido el Gobierno autonómico, el Ayuntamiento de Vigo y el Consorcio de la Zona Franca, pues parte de las superficies utilizadas en el proyecto Abrir Vigo al Mar forman parte de los terrenos portuarios.
La sentencia también afecta al centro comercial de A Laxe que actualmente se edifica en la misma zona y al nuevo mercado de O Berbés.
¿Qué hacer ante semejante desaguisado? Muy fácil, la Administración ya estudia como legalizarlo.
Si la Administración puede legalizar lo que es ilegal, ¿por qué no tienen derecho a hacer lo mismo los cientos de constructoras, promotoras o particulares que se han equivocado?
Si la Administración puede legalizar lo que es ilegal, ¿por qué no tienen derecho a hacer lo mismo los cientos de constructoras, promotoras o particulares que se han equivocado?
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| Litoral del área urbana de Vigo |
El actual Gobierno autonómico (PSdeG-BNG), a través de la Consellería de Economía, alega en descargo del anterior Ejecutivo (PP), que una orden de fecha 29 de noviembre de 2004 del Ministerio de Fomento desafectó del dominio público la parcela en que fue levantada la delegación de la Xunta en Vigo; es decir, el Gobierno gallego opina que la desafectación de 2004 legalizó las ilegalidades de 1998.
Semejante alegato convierte el asunto en un absurdo mayúsculo, pues la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ahora ha ratificado el Supremo es del año 2003; es decir, la obra ya fue declarada ilegal antes de la orden de Fomento que desafectó la parcela.
Por descontado, a nadie se le ha ocurrido insinuar que el inmueble sea demolido. Pero, ¿nadie es responsable, ni siquiera civil ni políticamente, de haber burlado la ley? Está visto que los ciudadanos comunes están obligados a respetar las leyes, so pena de ser procesados y castigados si las burlan; y luego están los ciudadanos con cargo público que, al parecer, gozan de impunidad.
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