¿Por qué la Iglesia tiene "derecho" a delinquir?

El artículo 515 del Código Penal establece que la Administración debe ilegalizar y castigar a los miembros de bandas y a las bandas de delincuentes, a las organizaciones que usan o justifican la violencia y, entre otras, también a las «que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello».
Es decir, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana debería ser ilegalizada por difamar, satanizar y discriminar premeditada y sistemáticamente a los homosexuales, a los divorciados, a los agnósticos, a los musulmanes, a los hedonistas o a los defensores de los derechos civiles, entre otros colectivos, actitud que incluso hay curas talibanes que hacen extensiva a los hijos de quienes la curia tilda de pecadores, inmorales y demás atributos insultantes... Porque la Iglesia, por si no fuera suficiente, también injuria, acción esta que en el ordenamiento legal español sigue siendo punible.

¿Por qué el Gobierno renuncia a su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley?, ¿por qué el Gobierno sigue financiando a una organización privada cuyas acciones y proclamas son anticonstitucionales y que incluso hace llamamientos a conculcar la legalidad en materia de educación, sanidad, derechos civiles o libertades personales?

La cobardía política del Estado español --incluida la Administración de Justicia-- frente a la Iglesia Católica es enfermiza.

Y conste que ser católico no equivale a ser cristiano.

¿Por qué esa organización religiosa, que para colmo es liderada por un ex nazi, goza de tan injustificable comprensión y se beneficia del erario público pese a que cientos de sus militantes actúan contra el ordenamiento legal del Estado?