El alcalde de Lugo debería dimitir y los poderes legislativo y judicial, abrir los ojos...

Un mes antes de las recientes elecciones autonómicas gallegas del 21-O, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, María del Pilar de Lara Cifuentes, ordenó detener al alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez (PSdeG-PSOE), al decidir imputarle delitos porque había sido señalado por uno de los integrantes de una presunta trama de corrupción cuyo eje es la empresa Vendex.
Fue el estallido electoral de la llamada Operación Pokemon y el definitivo lanzamiento al estrellato judicial de una juez cuyo esposo forma parte de la dirección lucense del PP.

Hoy, la misma juez ha emplazado a declarar en calidad de imputado en el mismo expediente al alcalde de Lugo, el socialdemócrata López Orozco.

Busto del filósofo cretense
Epiménides, que viene
a cuento por la paradoja
que planteó: pulse aquí
y lea, vale la pena)

Empieza el baile....
Aparte de avatares jurídicos y judiciales, inmediatamente después de que fuera difundida la noticia lo más llamativo del episodio desde un punto de vista político es, primero, la presunta implicación del alcalde en uno o varios delitos y, segundo, que los socios de gobierno del regidor, los ediles del BNG, hayan sido más rápidos que los de la oposición a la hora de exigir que su aliado dimita...

Al margen de que los nacionalistas hayan decidido erigirse en el más eficiente pelotón de dimisión, el alcalde de Lugo --al igual que hizo el de Ourense-- debería dimitir o, si se niega, evitar al menos alardes como decir que «non dimito para non darlle gusto aos que llo piden».
Desde un punto de vista político, los casos del orensano Francisco Rodríguez y ahora del lucense López Orozco, así como otros cargos públicos que han vivido situaciones similares [sean del partido que sean], aparte de las posibles dimisiones, deberían servir para que de una puñetera vez se abriera un debate riguroso --incluso en el poder legislativo-- sobre la inconveniencia democrática y legal que supone empujar a un electo a la dimisión a causa de la declaración verbal de un imputado cuando sus palabras no están apoyadas con pruebas, en este perverso fenómeno tienen mucho que ver los jueces y los medios de información.
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El CGPJ se mantiene al margen cuando no debiera 

Además, una vez que el expediente judicial ha ganado peso o una vez dictada sentencia, si el imputado ha resultado ser víctima de una precipitación, error o mala praxis judicial, ¡como ha ocurrido tantas veces!, el Consejo General del Poder Judicial debería intervenir para poner coto a situaciones que constituyen una de las formas más graves de deslegitimar las instituciones democráticas --ese tipo de episodios, para colmo, benefician a todos sabemos qué y a quiénes. 

Así las cosas, mientras los poderes legislativo y judicial sigan cerrando los ojos, se da la paradoja de que electos imputados con pruebas (no sólo con declaraciones de un delincuente condenado o presunto) siguen ostentando cargos públicos y otros se han visto obligados a dimitir porque un dorribo de la vida les ha señalado verbalmente sin sostén probatorio alguno.

Sea como fuere, si un juez imputa de un delito a un cargo electo, este, en principio, debería dimitir; pero si resulta que la imputación ha sido precipitada o manifiestamente infundada, el juez debería ser sancionado o cesado de sus funciones, respectivamente.
Ese tipo de situaciones se pueden corregir y regular legalmente, ¿por qué no se hace?

Mientras no existan equivalencia ni normas legales, será comprensible que haya cargos públicos denunciados, investigados o imputados que rehúsan dimitir, lo que a su vez coloca a la Administración de justicia bajo sospecha, lo que debilita al Estado democrático de Derecho.
El morbo mediático está garantizado y las falsas acusaciones (difamación e insidia) constituyen un arma política habitual.