22 noviembre 2012

48 horas antes del 21-O, la Policía registró varias empresas para requisar carteles del PSdeG-PSOE

Traducido del gallego: «El viernes 19 de octubre agentes de la Policía Nacional entraron en una imprenta de Pontevedra para registrarla. Tenían instrucciones precisas [se supone que a iniciativa de un juez, pues un registro sólo puede ser autorizado por el poder judicial] para localizar todas las copias de un cartel crítico con el Gobierno de Feijóo y paralizar la impresión. El origen de esa actuación fue una denuncia del Partido Popular ante la Junta Electoral.
«¿Qué era tan peligroso en esa imprenta para que la Policía tuviera que proceder a un registro exhaustivo que las fuentes consultadas señalan que fue similar a los que se hacían durante el régimen franquista? Pues un pasquín con los rostros de Feijóo y Rajoy con el lema "Mienten" por una cara y, en la otra, un texto más extenso que aludía a las "mentiras más populares". Entre las que figuraba que el PP acabaría con el paro en 45 días, "cuando la realidad es que hay 250.373 gallegos más en el paro", o que no implantarían el copago pero "Galicia ha estrenado el copago de los medicamentos"».
Más detalles, en "O que se calou dos días antes das eleccións", en GALICIA CONFIDENCIAL.
Tal como relata Galicia Confidencial, la Policía también visitó empresas encargadas de distribuir los carteles.
La denuncia del PP es chocante y no menos chocante es que un juez ordenara semejante acción para "prevenir un supuesto delito". Pero políticamente también es muy chocante que la dirección del PSdeG-PSOE no sólo renunciara a denunciar públicamente los hechos, sino que además ordenara discreción y silencio a los militantes que tuvieron conocimiento del episodio [en su día, preguntados por lo sucedido varios cuadros de la formación socialdemócrata, tres lo negaron y dos se limitaron a reconocerlo al tiempo que advirtieron de que se negarían a confirmarlo de forma pública].
El asunto es tan sumamente grave desde un punto de vista escrupulosamente democrático, incluso por simple limpieza electoral, que lo ocurrido debería ser oficialmente investigado por el poder judicial, pues a tenor de los datos ya disponibles es factible que se haya producido un delito de prevaricación que, por ende, ha afectado a unas elecciones legislativas.
La Justicia, exactamente la Fiscalía, tiene la palabra: ¿Ejercerá sus funciones?

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