El pronunciamiento está basado en el informe "Estado de la libertad en los medios de comunicación en Europa", cuyos autores subrayan que la resolución 1636 del Consejo de Europa, aprobada en el 2008, establece que en los medios públicos de los Estados democráticos «los operadores deben ser protegidos contra las injerencias políticas en su gestión diaria y en su trabajo editorial. Debe evitarse en los cargos de dirección a profesionales con filiación política partidista», cosa que España incumple de pe a pa, máxime tras el acceso del PP al poder, que derogó la norma de nombrar por consenso la cúpula de RTVE.
Pedro Agramunt, senador del PP por designación de la Comunitat Valenciana, fue el encargado de dejar en ridículo al Estado español al declararse «sorprendido» porque, según él, España es «uno de los países que proporciona las mayores garantías a los periodistas, tanto en los grupos públicos como privados».
Muy probablemente, la mayoría de miembros de la institución paneuropea carecen de referencias adecuadas para evaluar el alto grado de hipocresía política que encierran las manifestaciones de Agramunt, al que para redondear se le calentó la boca hasta el extremo de sacar pecho alegando que en España «tenemos toda clase de problemas de otra índole, pero no en el respeto a la libertad de los medios y de los operadores públicos».
¿De qué país habla Agramunt?: ¡En España hay tomate hasta para repartir la publicidad institucional!
MÁS detalles del pronunciamiento del Consejo de Europa y de las simplezas que dijo Agramunt, en EL CONFIDENCIAL.
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