miércoles 20 de septiembre de 2006

Multa menor para un alcalde doblemente agresor

El alcalde de Toques (A Coruña), que en su día fue condenado a una simple multa por propasarse con una menor a la que sometió a tocamientos lascivos, ha sido ahora condenado por agredir a un periodista al que empujó y rompió la cámara fotográfica.
Los hechos juzgados esta semana acaecieron el 27 de enero del 2004 --¡hace más de dos años y medio!-- con motivo del pleno consistorial en el que se escenificó el apoyo que prestaron al agresor los concejales de la mayoría (elegidos en la candidatura del PP). El acto público sirvió para que Jesús Ares hiciera una demostración de fuerza y anunciara que el delito sexual que había perpetrado era motivo insuficiente para renunciar a la alcaldía.
La condena dictada ahora por el Juzgado de Arzúa condena al regidor al pago de 380 euros por agresión y castiga a uno de los hooligans del alcalde al pago de 180 euros por haber agredido a una periodista a la que causó lesiones que la obligaron a estar de baja durante cuatro días.
[El juez de Arzúa, al igual que la mayoría de los jueces españoles, no tuvo en cuenta que las bajas laborales las pagan la Seguridad Social (es decir, todos los ciudadanos) y la empresa para la que presta servicios la persona que está lesionada a causa de una acción dolosa. De forma que, tal como ocurre en numerosos Estados de Derecho, no hace falta ser Montesquieu para concluir que los causantes de esas bajas deberían ser condenados a indemnizar a las empresas y al erario público]
La misma sentencia también condena al primer edil y a otros cuatro de sus fieles seguidores a una multa de 120 euros por “maltrato de obra”, agresión que se produjo al expulsar de la sala de forma violenta a los 22 periodistas que asistían al plenario.
Los juristas consultados coinciden en que la sentencia es legalmente impecable. Luego a la vista de las elevadísimas sanciones impuestas, lo que parece poco impecable es la legislación. Agredir y expulsar a los informadores que asisten a un acto institucional de carácter público sale barato; mejor dicho: ¡muy barato!
¿Se habrán enterado los legisladores?