La ONU coincide con la Plataforma por una vivienda digna

Analistas de Naciones Unidas alertan de que el sector de la construcción es un polvorín

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Excepto la Administración española y algunas organizaciones políticas, sociales y empresariales que parecen empeñadas en defender intereses que son ajenos a los de la generalidad de los ciudadanos y del país, nadie sensato duda de que el sector inmobiliario español carece de racionalidad.
El criterio más extendido en el sector es hacer dinero rápido y fácil. Hace ya casi dos años, ¡en junio de 2006!, la Plataforma por una vivienda digna advirtió del desastre.
Las notas que publicó la Plataforma solo adolecían de un error, el del optimismo, pues consideraba inminente el derrumbe de los precios (frenazo y ligero abaratamiento que son reales desde hace apenas tres meses).

[Ver "¡No compre vivienda: alquile y espere!"]

Aquella primera señal de alarma emitida por la Plataforma fue inmediatamente contestada por los propietarios de suelo, los promotores, los constructores, la banca y por especuladores de toda laya --citarlos en grupo no presupone homologar a unos con otros--, que negaron todas las tesis de la Plataforma y lo que es más significativo, apelaron a las bondades económicas (¿?) de su negocio.

Al grito de ¡crecer!, incluso fueron silenciadas las voces de quienes desde los sindicatos o desde dentro de los partidos de izquierda advertían de que la evolución del sector inmobiliario era una trampa.

Por aquel entonces --hace ya dos años--, el PP aplaudió la expansión --cosa que sigue haciendo--, posición político-económica que era previsible; pero el PSOE --ya en el Gobierno-- también renunció a reconducir la situación, lo que, cuando menos, causó extrañeza. Sí, todo hay que decirlo: el Gobierno actual ha reaccionado, ¡pero lo ha hecho con retraso injustificable y cuando la banca lo ha permitido e incluso solicitado!

Porque a la postre, ¿quién no se ha pillado los dedos?

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La realidad que siguen empeñados en ocultar

Hoy, casi dos años después de la primera advertencia de la Plataforma por una vivienda digna, los analistas de Naciones Unidas alertan de que el sector de la construcción en España es un polvorín.

El borrador de un informe de Naciones Unidas --organización nada sospechosa de atentar contra la estabilidad socio-económica del sistema-- dedica varias páginas a denunciar la especulación y la corrupción que caracterizan demasiados negocios inmobiliarios españoles, fenómeno en el que juegan un papel fundamental --y a veces multiplicador-- decenas de ayuntamientos.

¿Cifras? He aquí algunas: Los precios de la vivienda en Madrid y Barcelona han aumentado más de un 100 % en los últimos 10 años; entre 1998 y 2005 el precio del suelo ha aumentado un 500 %; hay propietarios de suelo que en menos de un año han obtenido plusvalías de más del 800 %; en los últimos ocho años en Baleares se ha modificado una media de un plan urbanístico por semana, y más de la mitad de los expedientes urbanísticos que tramita la Comisión Europea por posibles irregularidades graves se refieren a casos españoles.

Es más, el relator de Naciones Unidas considera que urge una intervención de la Administración española para poner coto al caos y al cúmulo de aberraciones. Para redondear, los autores del informe estiman que la Sociedad Pública de Alquiler es un instrumento inadecuado e insuficiente para corregir los errores y desidias en las que ha incurrido el Estado español desde hace más de un decenio.

Pero, ¿acaso no se ha hecho nada positivo en los últimos años? Pues sí, el mismo informe subraya que el camino a seguir lo marcan estas cuatro iniciativas públicas:

1. La creación de un Ministerio de la Vivienda, cosa que el PP calificó de absurda e inútil...

2. El Plan de Vivienda 2005-2008, aprobado por el actual Gobierno,

3. La ley autonómica catalana en cuyo epígrafe figura la expresión Dret a la Vivenda (derecho a la vivienda), que penaliza fiscalmente a los propietarios de viviendas vacías, y

4. La política de vivienda del Gobierno vasco, comunidad en la que una de cada tres viviendas iniciadas a partir de 2005 es de protección oficial (en el resto del Estado esa tasa es de una de cada trece).

En fin, las sugerencias de Naciones Unidas avalan las iniciativas que más critican los promotores, los constructores y los propietarios de suelo, a los que --erre que erre-- la mayoría de partidos políticos y casi todos los medios de información siguen bailando el agua.

¿Acusarán a Naciones Unidas de ser un grupúsculo desestabilizador?... ¡son capaces!