El apartado 3.3.5 de un documento de trabajo elaborado a instancias de la Comisión Europea y titulado Informe de recomendaciones para un mercado único europeo de la propiedad intelectual apuesta, entre otras cosas, por el reconocimiento legal de los derechos de autor de los periodistas, subrayando que deben ser tratados legalmente como tales y reconocidos sus correspondientes derechos, también los económicos.
El informe puntualiza que los trabajos de los periodistas son de "vital importancia" porque "difunden, comentan o interpretan el mundo en el que vivimos", y añade que la libertad de prensa es fundamental para a su vez mantener viva la libertad y pluralidad política de la sociedad, de modo que para proteger estas conviene regular los derechos de autor de los periodistas.
Diversas organizaciones profesionales, con la Federación Internacional de Periodistas (FIP) al frente, ya han mostrado su apoyo al texto al entender que recoge una histórica demanda de los trabajadores.
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La AEDE teme las consecuencias económicas
La práctica totalidad de los editores españoles de prensa siempre se ha pronunciado en contra de reconocer los derechos de autor de los periodistas, alegando que "el periódico es una obra colectiva", por lo que según ellos no existirían aportaciones individuales generadoras de derechos.
La posición de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) obedece, ante todo, a motivos económicos, pues temen que los autores de textos deban ser compensados por la venta de sus trabajos a otras empresas editoras, como viene siendo habitual en numerosos medios sin que el periodista reciba emolumento o comisión alguna.
La Comisión Europea se ha comprometido oficialmente a seguir adelante con los trabajos, introduciendo además los cambios a que obliguen las nuevas tecnologías.
Presumiblemente al paso de unos meses --aunque el proceso podría ser dilatado premeditadamente por motivos políticos o presiones gubernamentales--, el informe ahora aprobado más las distintas aportaciones que pueda solicitar la Comisión a expertos y entidades profesionales serán refundidos en un solo texto que, en principìo y salvo negativa frontal de los Estados miembros, daría lugar a una propuesta de directiva que para su configuración final sería remitida a los representantes de los Veintisiete, al Consejo y al Parlamento europeos.
Es de una lógica aplastante que se reconozca ese derecho y que, además, se pague por ello, del mismo modo que se paga por un periódico, que es también la suma de trabajo, inteligencia, ideas... Esperemos que esto llegue a buen puerto, y que lo veamos. Unha aperta.
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