¿Por qué será que ciertas informaciones apenas asoman en los medios, ni siquiera en los de propiedad pública, que son los que tienen la obligación ética y legal de servir a quienes los mantienen y financian: los contribuyentes?
Ejemplo de esos enigmáticos silencios es la escasa difusión que ha tenido este pronunciamiento de Naciones Unidas:
«Impedir a los usuarios acceder [a internet], con independencia de la justificación que se alegue, ya sea por derechos de autor o causas similares, es una medida desproporcionada y por lo tanto una violación del artículo 19, apartado 3 del pacto internacional sobre derechos civiles y políticos».
El párrafo anterior, entrecomillado, es uno de los que figuran en Report of the special rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression (informe sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de expresión y opinión), aprobado por el Consejo de Derechos de Naciones Unidas.
El informe insta a los poderes legislativos y ejecutivos de los Estados que han puesto en marcha leyes al respecto a que las reformen a fin de respetar la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y los textos que la complementan.
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MÁS detalles, en la reseña de la página de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la bitácora estadounidense TORRENT FREAK (en ambos casos, en inglés).
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