Caso Ivex, Juzgado de instrucción 19 de València: ¿Premeditación, error o incompetencia?

La corrupción y la desidia siguen 

ganando terreno en "¡Vivapaña!"

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El Juzgado de instrucción número 19 de València investiga los posibles delitos de malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal perpetrados en la firma y ejecución de un contrato suscrito entre el Instituto Valenciano de Exportación (Ivex) y el cantante Julio Iglesias --lo que ocurrió gobernando ya el PP en la Generalitat--, a propósito de dos conciertos y con un coste de 375 millones de las antiguas pesetas, pero que en un segundo contrato se convirtieron en 990 millones.
Para colmo, la remuneración quedó libre de impuestos y fue abonada en tres pagos, realizados en paraísos fiscales en los años 1997, 1998 y 1999.

Los avatares de tan onerosa colaboración de Iglesias al fomento de las exportaciones valencianas (¿?) figuran en un contrato B titulado "Carta de intenciones IVEX-Julio Iglesias de la Cueva", texto del que no fue informada la Sindicatura de Comptes de la comunidad valenciana.

[Un detalle sustancial: los hechos todavía investigados ocurrieron hace ya más 10 años]

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Julio Iglesias de la Cueva

¿Nadie sabe dónde vive el cantante?

Para colmo, la investigación de tan rocambolesco gasto público fue sobreseída, pero el año pasado la Audiencia ordenó al juez Luis Carlos Presencia Rubio que reabriera el procedimiento. Pues bien, un año después sigue pendiente una de las diligencias fundamentales, que el instructor tome declaración al cantante.
Sin embargo, el juez ignora --eso dice-- el domicilio o paradero de Iglesias de la Cueva. Es más, el pasado día 27 de julio el juez rechazó --él sabrá porqué-- la propuesta de aprovechar la gira que Iglesias cubre este verano en España, que incluye la actuación de hoy domingo en Gandia, donde le entregarían en mano la citación.

El rosario de dislates que acumula el expediente abre dos preguntas radicalmente lógicas: 

¿Acaso el instructor se ha propuesto dilatar la instrucción más allá de lo razonable y justificable? Y si es así, ¿con qué finalidad o en beneficio de qué... o de quiénes?

Y otros dos interrogantes también lógicos: ¿En este caso, no estaría justificado que el Consejo General del Poder Judicial se interesara por el llamativo funcionamiento del juzgado valenciano número 19?, ¿o acaso la tan manida independencia judicial incluye la prerrogativa de hacer las cosas rematadamente mal, sea con premeditación, por error o por incompetencia?

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