Los idiomas españoles, la función pública y las falsas discriminaciones

He recibido carta de un lector de ImP que considero de interés reproducir, tanto porque plantea un asunto que cícilicamente es motivo de debate, como porque el autor hace una exposición cabal --no visceral-- de una cuestión que en ocasiones se aborda con odios territorialistas injustificables.

Dice así:

Me complace dirigirme a usted con respeto, y sin ánimo de molestar. Desde hace muchos años para participar en las oposiciones como médico especialista para el Servicio Catalán de Salud, el conocimiento del catalán se ha puntuado por encima del título de especialista vía MIR. Y que en las últimas, se ha exigido como requisito para poder participar. En la práctica la exigencia del idioma en las oposiciones se traduce en una selección del personal autóctono y una exclusión de los foráneos. Pienso que debo tener las mismas oportunidades que un catalanoparlante. El Artículo 3. dice

El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Su respuesta, ayudaría a comprender el sentimiento, digamos. Deseo felicitarte por la riqueza de información que caracteriza a sus artículos, y que leo desde hace poco tiempo con atención y estima.

Cordiales saludos.

[Incluye firma; es decir, se identifica. No es un anónimo, lo cual también merece aplauso, pues en la Blogosfera (¡y fuera de ella!) el fenómeno de los anónimos dificulta la conversación o la malea e incluso llega a impedirla]

Mi respuesta:

No me siento molesto, para nada; además su opinión respecto del asunto es legítima.

De entrada, una lectura objetiva del artículo 3 de la Constitución [«El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla»] no permite concluir que el castellano sea el único idioma español a utilizar, ni tampoco indica que un funcionario público esté eximido de conocer las demás lenguas oficiales si presta servicio en territorios donde el castellano comparte oficialidad con otras lenguas españolas.

Usted dice que «en la práctica, la exigencia del idioma (autóctono) en las oposiciones se traduce en una selección del personal autóctono y una exclusión de los foráneos». Eso es incierto, ústed puede aprender gallego sin ser gallego, o inglés sin ser inglés. 
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Ofrecer el mejor servicio posible 

Esa es una lectura personal y subjetiva que prescinde de lo colectivo: Quienes ejercen una función pública en Catalunya, Euskadi o Galicia deben saber expresarse en las dos lenguas oficiales para garantizar que el administrado --por ejemplo, un paciente-- pueda ser atendido en cualquiera de los idiomas en los que tiene derecho a ser servido, o sencillamente el que mejor entiende y/o en el que mejor se expresa.

En rigor, es falso que la exigencia de català, galego o euskera persiga expulsar del mercado laboral público a los forasteros.

En Galicia, por ejemplo, hay asturianos, castellanos, extremeños, catalanes, etcétera trabajando en la Administración y nada (ninguna ley) les ha impedido ingresar en las plantillas de la Xunta por razón de su origen o lugar de nacimiento; eso sí, es lógico que aprendan gallego, que es idioma tan oficial como el castellano en ese territorio del Estado, pues hay ciudadanos galegofalantes que se comunican mejor en su idioma materno y/o pierden capacidad de expresarse cuando lo hacen en castellano.

En resumen, no hay una reserva de plazas para catalanes, gallegos o vascos, sino que quien ejerce una función pública debe saber expresarse en el idioma del ciudadano al que sirve, con independencia del lugar de nacimiento del funcionario, haya nacido en otra comunidad española o en el extranjero.
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La mentira de la verdad españolista 

Es falso que los gobiernos catalán, gallego o vasco exijan a sus funcionarios haber nacido en Catalunya, Euskadi o Galicia.

En todo caso, en la función pública del Estado español quizá sería conveniente habilitar procedimientos similares a los que se aplican a los niños cuyas familias se mudan de una a otra comunidad autónoma.

[En Galicia, por ejemplo, los niños procedentes de una comunidad castellano hablante reciben clases de gallego para que lo aprendan, pero no se les puntúa durante uno o dos años para evitar que un posible suspenso en esa asignatura impida superar el curso]

En esa línea, un trabajador que sólo utilice el castellano y acceda a un empleo público que no le obliga a relacionarse con los administrados podría ser autorizado a ejercer su profesión en Catalunya, Euskadi y Galicia con la inexcusable obligación de aprender el idioma del territorio en un plazo de tiempo y predeterminado.

En todo caso, no hay ninguna ley que impida a un andaluz, castellano o cántabro obtener empleo en la Administración pública de Catalunya, Euskadi o Galicia.
Un abrazo.
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Y DE POSTRE: Una sonrisa para entender que la intolerancia lingüística es una de las mejores formas de fomentar el independentismo:
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