El Gobierno gallego ha optado sin ambages por el ultranacionalismo y, de rebote, por burlar la Constitución saliendo por la puerta de atrás. La prueba más relevante desde un punto de vista legal ha sido protagonizada por el director general de Administración Local, José Norberto Uzal, adscrito a la Consellería de Presidencia, que ha amenazado al Concello de Vigo con impugnar una convocatoria municipal de oposiciones porque incluye una prueba para comprobar que los aspirantes tienen conocimientos elementales del idioma gallego.
Que nadie se confunda…
Denostar esa medida de la Xunta no tiene nada que ver con el nacionalismo gallego, ni con imponer el idioma gallego, ni tampoco se trata de obligar a todos los ciudadanos residentes en Galicia a que lo hablen y lo escriban. Se trata de algo más simple: En un territorio donde se utilizan dos idiomas, ¡ambos oficiales!, sus habitantes tienen el derecho a dirigirse a la Administración y ser atendidos por ella en su idioma habitual o, sencillamente, en el que prefieran: castellano o gallego. Ese derecho es radicalmente lógico y está amparado por la Constitución.
Que nadie se confunda…
Lamentar la medida de la Xunta no obedece a que mi posición sea la de un nacionalista, no soy nacionalista gallego ni español; se trata de un problema jurídico de primer orden porque lo esencial del caso es que la Xunta sienta las bases para que se conculque un derecho individual, el de emplear un idioma español en las relaciones con la Administración del Estado (¡la Xunta es Estado!) en el territorio donde ese idioma español es tan oficial como el castellano.
Que nadie se confunda…
Si ese criterio del actual Gobierno gallego (PP) se mantiene, al paso de unos años los ciudadanos españoles de cultura y habla gallegas serán oficialmente discriminados por la Administración del Estado (insisto: ¡la Xunta es Estado!)
Que nadie se confunda…
Impedir de forma oficial que todos los funcionarios públicos que ejercen en Galicia sepan gallego equivale a erradicar a medio plazo el idioma gallego en las dependencias oficiales. De hecho, sin que exista prohibición ni limitación oficial expresa, en la mayoría de despachos y negociados de la Administración central en Galicia y en demasiados de la Administración autonómica ya se conculca de forma habitual el derecho de los galegofalantes a utilizar su idioma; es más, hay responsables administrativos y funcionarios que incluso se niegan a respetar ese derecho.
Que nadie se confunda…
Este asunto va más allá de los nacionalismos y del legítimo ejercicio de la política partidaria; es un asunto de orden cultural y legal. Y además, por si fuera poco, la medida de la Xunta es el bis de lo que predican los profetas del bilingüismo: el monolingüismo administrativo, imponiendo el castellano y erradicando el gallego en la Administración (incluida la enseñanza).
¿Cuál será el siguiente paso de un partido de gobierno --o que aspira a gobernar-- que cree estar en posesión de la verdad?, ¿prohibirá la enseñanza de la evolución de las especies?, ¿prohibirá la homosexualidad?, ¿nos obligará a que portemos un pin con la gaviota en la solapa?, ¿castigará a los que hablan dos o más idiomas?, ¿castellanizará por decreto los apellidos de origen gallego, catalán y vasco?...
Que nadie se confunda...
Lo que hace el Gobierno gallego del PP es ultranacionalismo español, pues ese es el calificativo que objetivamente corresponde cuando un español excluyente se limpia con un bien que es parte indisociable de la Cultura de la Península y de Europa.
Y luego hay quienes se extrañan de que haya independentistas... ¡El PP los alimenta con caviar sentimental, cultural, jurídico e ideológico!
INFORMACIÓN puntual de la amenza remitida por el director general de Administración Local de la Xunta, en XORNAL.COM.
ENLACE a "La lengua propia no hay que conocerla", en la bitácora EL VOTO CON BOTAS.
oleee, m'ha encantat, gràcies!
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