El aparato de la Justicia del Reino de España necesita reformas de fondo, así como una evaluación específica de su personal, incluidos jueces y fiscales.
Copio y pego:
«Un capitán de la Guardia Civil presentó un informe al juez Baltasar Garzón basado en una peculiar interpretación de unos documentos incautados a la dirección de ETA y que concluía que el periódico [Egunkaria] había sido creado por la banda terrorista para servir a sus fines y difundir su ideología. Garzón rechazó el informe porque exactamente esos mismos documentos ya habían sido interpretados de forma diferente por la policía y habían servido de base al magistrado para clausurar tres años antes el diario Egin por ser un instrumento de ETA.
«El capitán no se arredró. Fue a ver al entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, para tratar de colar su informe. Y éste lo hizo suyo en una querella que presentó al juez Del Olmo (...) Tras años de investigación, Del Olmo reconoció al concluir el sumario que no había logrado acreditar que el periódico fuera fuente de financiación de ETA. Pero, a pesar de todo, siguió adelante...
«Tras abandonar Fungairiño la Audiencia Nacional, el fiscal Miguel Ángel Carballo --que ya no cumplía sus órdenes, sino que seguía su propio criterio profesional-- fue el primero en intentar retirarse de la espiral diabólica al solicitar en 2006 el archivo del caso por falta de pruebas.
«Del Olmo había reconducido el proceso para comprobar si Egunkaria era un instrumento de ETA para la consecución de sus fines. Pero Carballo --que hizo un excelente informe basado en razones estrictamente jurídicas-- consideró que tampoco eso era así. Todos los documentos eran de antes de 1993 y a pesar de los años de investigación no se encontró ni un papel posterior que permitiera sostener la acusación de que en los 10 años de su publicación Egunkaria hubiera sido un artificio legal para cumplir los fines de ETA...
«¿Seguirá la espiral diabólica o alguien recuperará la cordura y se dará cuenta de que hace tiempo que ya todos pierden: los acusados y la justicia?»
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El relato que usted acaba de leer no ha sido elaborado por los ¿numerosos aliados mediáticos? que tiene ETA --según algunos--, sino que ha sido redactado por el periodista José Yoldi, profesional de acreditada experiencia y sensatez que es miembro de la plantilla de El país, medio que no se caracteriza precisamente por templar gaitas con los violentos.
Instalados o colocados, ¡todos!, en el embudo, hay dos preguntas que son inevitables y que convedría responder:
Primera, ¿En un Estado de Derecho cierto es posible olvidar las barrabasadas de Fungairiño, artífice de la nefasta intervención judicial?, y
Segunda, ¿Es correcto que en un Estado de Derecho el órgano que vela por el buen oficio de los funcionarios de Justicia --el Consejo General del Poder Judicial-- cierre los ojos y se inhiba ante los evidentes deslices que ha cometido el instructor del expediente?
No se trata de estudiar ni de analizar lo que publicaba Egunkaria, ni cabe esquivar el problema abriendo debates que son ajenos a la vergonzosa actuación judicial; lo esencial en este caso no es ETA ni tampoco la presunta ideología de los propietarios y trabajadores de Egunkaria, lo que requiere máxima atención es que relevantes miembros del aparato de Justicia han puesto en la picota y arruinado a una empresa y a una serie de ciudadanos esgrimiendo argumentos y prejuicios ideológicos, ¡no jurídicos!
Antes muerta que sencilla...
¿A quién le extraña que haya ciudadanos que sienten miedo?, ¿a quién le sorprende que aumente el número de personas que preferirían no tener nada que ver con un país en el que hay funcionarios de Justicia que se saltan a la torera principios básicos de un Estado democrático de Derecho?, ¿a quién le puede parecer inusitado que haya ciudadanos que voten sí en consultas con sello segregacionista como la convocada el pasado fin de semana en Arenys de Munt?
Hay hechos como los del caso-escándalo Egunkaria que obligan a rectificar las preguntas que algunos lanzan para zaherir la convivencia; a estas alturas no es de recibo preguntar ¿qué pasa en Catalunya?, ¿qué pasa en Euskadi?, ¿qué pasa en Galiza?... Esas no son las preguntas que urge responder, el interrrogante más inquietante es ¿qué pasa en España?
¿Qué ocurre en este país para que las instituciones sean pasto de estériles escándalos y de descréditos que en demasiadas ocasiones son provocados?, ¿por qué hay tantos jueces y magistrados empeñados en sustituir a los parlamentos autonómicos y a las Cortes?, ¿qué canastos persiguen quienes defienden a los investigados por presuntos delitos y a cargos públicos imputados en corruptelas?, ¿por qué algunos hacen aspavientos que son interesadamente difundidos con la aviesa intención de sobredimensionar episodios como el de Arenys de Munt?, ¿no sería más práctico para la convivencia identificar los orígenes de ese y de otros desapegos y denostar a los poseedores de la verdad, a todos por igual?...
El deporte menos practicado en las Españas es el de pensar... ¡Viva la liga de las estrellas!
ENLACE a la crónica del caso-escándalo Egunkaria:
"¿Pagaría 200 euros por un billete de 20?", en El país.
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