El Gobierno gallego del PP ha optado sin ambages ni titubeos por el ultranacionalismo español y, de rebote, burla la Constitución de 1978 al salir por peteneras y por la puerta de atrás en cuanto se tocan asuntos culturales de Galicia, sobre todo si se trata del idioma autóctono.
La prueba más reciente y relevante desde un punto de vista legal y también político la ha proporcionado el director general de Administración Local, José Norberto Uzal, adscrito a la Consellería de Presidencia, que ha amenazado al Ayuntamiento de Vigo con impugnar una convocatoria municipal de oposiciones porque incluye una prueba para comprobar que los aspirantes tienen conocimientos elementales del idioma gallego.
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La prueba más reciente y relevante desde un punto de vista legal y también político la ha proporcionado el director general de Administración Local, José Norberto Uzal, adscrito a la Consellería de Presidencia, que ha amenazado al Ayuntamiento de Vigo con impugnar una convocatoria municipal de oposiciones porque incluye una prueba para comprobar que los aspirantes tienen conocimientos elementales del idioma gallego.
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Denostar esa medida de la Xunta no tiene nada que ver con el nacionalismo gallego, ni con imponer el idioma gallego, ni tampoco se trata de obligar a todos los ciudadanos residentes en Galicia a que lo hablen y lo escriban. Se trata de algo más simple:
En un territorio donde se utilizan dos idiomas, ¡ambos oficiales!, sus habitantes tienen el derecho a dirigirse a la Administración y ser atendidos por ella en su idioma habitual o, sencillamente, en el que prefieran: castellano o gallego.
Ese derecho es radicalmente lógico y está amparado por la Constitución.
Que nadie se confunda…
Lamentar la medida de la Xunta no obedece a que mi posición sea la de un nacionalista, no soy nacionalista gallego ni español; se trata de un problema jurídico y cultural de primer orden. Lo esencial del caso es que la Xunta sienta las bases para que se conculque un derecho civil: emplear un idioma español en las relaciones con la Administración del Estado (¡la Xunta es Estado!) en un territorio donde hay dos idiomas españoles; en este caso el castellano y el gallego, ambos igual de legítimos.
Que nadie se confunda…
Si el criterio del actual Gobierno gallego del PP se mantiene, los ciudadanos españoles de cultura y habla gallegas serán discriminados por la Administración del Estado.
Insisto: ¡la Xunta y los ayuntamientos son Estado!
Insisto: ¡la Xunta y los ayuntamientos son Estado!
Que nadie se confunda…
Impedir de forma oficial que todos los funcionarios públicos que ejercen en Galicia entiendan el gallego equivale a erradicar a medio plazo ese idioma, primero en las dependencias oficiales y por extensión e inevitablemente, también en la vida económica y social.
De hecho, sin que exista prohibición ni limitación oficial, en la mayoría de los despachos y negociados de la Administración central en Galicia y en demasiados de la Administración autonómica ya se conculca de forma habitual el derecho de los galegofalantes a utilizar su idioma; es más, hay responsables administrativos y funcionarios que incluso se niegan a respetar ese derecho.
De hecho, sin que exista prohibición ni limitación oficial, en la mayoría de los despachos y negociados de la Administración central en Galicia y en demasiados de la Administración autonómica ya se conculca de forma habitual el derecho de los galegofalantes a utilizar su idioma; es más, hay responsables administrativos y funcionarios que incluso se niegan a respetar ese derecho.
Que nadie se confunda…
Este asunto va más allá del nacionalismo y de la política: es un asunto de orden cultural y legal.
Además, por si fuera poco, la medida de la Xunta es el bis de lo que predican los profetas del mal llamado bilingüismo: esos que apuestan por el monolingüismo administrativo, imponiendo el castellano y marginando el gallego en la Administración (incluida la enseñanza).
Además, por si fuera poco, la medida de la Xunta es el bis de lo que predican los profetas del mal llamado bilingüismo: esos que apuestan por el monolingüismo administrativo, imponiendo el castellano y marginando el gallego en la Administración (incluida la enseñanza).
¿Cuál será el siguiente paso de quienes creen estar en posesión de la verdad y burlan la legalidad?, ¿prohibirán la enseñanza de la evolución de las especies?, ¿prohibirán la homosexualidad?, ¿nos obligarán a que portemos un pin con la gaviota en la solapa?, ¿castigarán a los que hablan dos o más idiomas?, ¿castellanizarán por decreto los apellidos de origen gallego, catalán y vasco?...
Que nadie se confunda...
Lo que hace el Gobierno del PP-Noroeste es ultranacionalismo español, pues ese es el calificativo que objetivamente corresponde cuando los españolitas excluyentes se limpian con un bien que es parte indisociable de la Cultura de la Península.
Y luego hay quienes se extrañan de que haya independentistas...
El PP alimenta el independentismo con caviar sentimental, cultural, jurídico e ideológico.
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El PP alimenta el independentismo con caviar sentimental, cultural, jurídico e ideológico.
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oleee, m'ha encantat, gràcies!
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