El presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas Gavarró (CiU), pilota el que quizá es el mayor recorte de servicios que se aplica a la sanidad pública en el Estado español. Para colmo, desde hace varios meses afloran decisiones y acciones posiblemente ilegales por parte de la Administración autonómica, todas ellas relacionadas con la gestión del Institut Català de la Salut (ICS), episodios que en algunos casos tienen orígenes que se remontan a varios años, incluso a gobiernos de Jordi Pujol.
En respuesta a los recortes y con la finalidad de poner coto a lo que califican de "abusos" y "posibles delitos", un grupo de residentes en Catalunya ha puesto en marcha una iniciativa penal popular para trasladar el asunto a los tribunales.
Los impulsores se reunieron por primera vez el pasado mes de noviembre y entre los asistentes a las varias asambleas ya celebradas figuran representantes de diferentes movimientos y organizaciones, desde plataformas locales y comarcales en defensa de sanidad pública, hasta grupos participantes en las movilizaciones del 15-M, pasando por la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, ATTAC y las centrales sindicales CC OO, CGT y UGT, entre otras organizaciones.
La iniciativa ciudadana surgida en Catalunya apenas ha merecido, lógicamente, trato informativo en los medios del resto de España... No sea que se contagie.
En todo caso, conviene estar atento al desarrollo de la batalla social y jurídica abierta en Catalunya porque a tenor de las decisiones que están tomando las formaciones de derecha y centro-derecha que gobiernan en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, todo indica que la sanidad pública se verá gravemente dañada salvo que los ciudadanos [con o sin el apoyo de los partidos de izquierda] asuman la defensa de un derecho básico que hasta ahora había sido considerado intocable porque --aparte de razones humanas-- para eso se pagan impuestos; destacando entre estos las aportaciones que efectúan todos los asalariados vía nómina a favor de la seguridad social, a las que se suman las de las empresas más las cuotas que con el mismo destino abonan los trabajadores autónomos.
Los problemas gravísimos de corrupción en la gestión de la sanidad pública catalana son conocidos desde hace muchos años. Como trabajador interino de sanidad pública que fui hasta abril del año pasado, doy fe de las innumerables catástrofes de gestión en la sanidad. El despido de más de 2000 trabajadores, entre los que me encuentraba, no ha servido de absolutamente nada porque las verdaderas razones, la corrupción galopante y la falta de recursos suficientes, no han sido abordadas ni lo serán.
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