Ayer representantes de prácticamente todos los gobiernos de Occidente suscribieron en Tokio el Acuerdo Comercial Anti-falsificación (ACTA, siglas de la denominación inglesa Anti-Counterfeiting Trade Agreement).
Casi inmediatamente después de consumado el acto de la firma, el diputado que ejerció de relator en el Parlamento Europeo, Kader Arif (miembro del PS francés, adscrito al Grupo Socialista de la Eurocámara), ha presentado su dimisión como responsable de esa tarea y ha denunciado que durante el debate y las deliberaciones que concluyeron con la decisión consensuada por los gobiernos de la Unión Europea (UE), incluido el español, de avalar ACTA se produjeron situaciones que convirtieron el proceso en un paripé carente de rigor democrático.
Casi inmediatamente después de consumado el acto de la firma, el diputado que ejerció de relator en el Parlamento Europeo, Kader Arif (miembro del PS francés, adscrito al Grupo Socialista de la Eurocámara), ha presentado su dimisión como responsable de esa tarea y ha denunciado que durante el debate y las deliberaciones que concluyeron con la decisión consensuada por los gobiernos de la Unión Europea (UE), incluido el español, de avalar ACTA se produjeron situaciones que convirtieron el proceso en un paripé carente de rigor democrático.
El eurodiputado ha afirmado que debido a presiones espurias las instituciones de la UE --léase el Consejo y la Comisión-- excluyeron sistemáticamente del debate a las organizaciones que representaban a la ciudadanía y, por si fuera poco, los debates se caracterizaron por "la falta de transparencia" y las negociaciones intergubernamentales, también.
Arif ha añadido que durante el proceso se han permitido modificaciones injustificadas en la agenda de trabajo y han sido orilladas las sugerencias y demandas aprobadas en Estrasburgo, donde la Eurocámara, ya en septiembre del 2010, criticó frontalmente el contenido y, sobre todo, el opaco procedimiento seguido para su debate.
"Nunca antes he vivido maniobras semejantes", ha comentado Arif, abrumado, que ha subrayado la flagrante imposición de un procedimiento cuyo único objetivo era impedir que la opinión pública europea conociera los riesgos antidemocráticos y los intereses privados que defienden los redactores y los promotores de ACTA.
En definitiva, las sgae y las grandes corporaciones empresariales del mundo libre han logrado lo que se proponían.
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