Limitar por ley los pagos en efectivo apenas renta beneficios fiscales, pero beneficia a la banca

Por más vueltas que le doy, sigo sin ver la rentabilidad fiscal de prohibir pagos con dinero líquido superiores a 1.000, 2.000 o 3.000 euros para reducir el fraude, tal como estudia el Gobierno, según los despachos de agencia y comentarios difundidos estos días.
A bote pronto, la medida parece interesante; pero... Veamos:
Supongamos que se establece por ley que sólo se pueden pagar en efectivo compras y servicios por un valor máximo de 1.000 euros:

De entrada, los ciudadanos y las empresas necesitarán que los límites de las tarjetas bancarias (sean de débito o de crédito) sean más elevados que los que rigen actualmente en la mayoría de casos (600 euros), o bien, alternativamente, deberán echar mano de la chequera.
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Temeridad: tarjetas de cajero con las que se puedan extraer miles de euros
Lo primero es perfectamente factible, pero la seguridad disminuirá en la misma proporción que aumentará el riesgo de robo, ¡mucho!, pues, por ejemplo, a fecha de hoy para un delincuente profesional es poco rentable realizar un secuestro exprés para forzar a una persona a que saque dinero de un cajero, pues en la inmensa mayoría de ocasiones el botín no superaría los 600 euros, cantidad que no justifica correr el riesgo de sufrir una condena de prisión mayor; pero si las tarjetas permiten transacciones y extracciones de varios miles de euros, el escenario cambia radicalmente.

¿Y extender cheques? Esta posibilidad no es una solución real: ¿cuántos comercios o empresas conoce usted que admitan pagar con cheque? Para que la actual desconfianza frente a los cheques despareciera habría que cambiar previamente la legislación, pues actualmente para conseguir que pague el emisor de un cheque sin fondos pueden transcurrir meses e incluso años.

Otra posibilidad son las transferencias, pero para ello hay que acudir personalmente a una agencia bancaria, o bien efectuarla vía internet.

[Los principales beneficiarios de que se generalizaran los pagos de más de 1.000 euros mediante tarjeta, cheque o transferencia serían los bancos, que aumentarían de forma exponencial sus ingresos por comisiones... ¡Que casualidad!, ¿verdad?]
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Cómo simular eficacia a costa de los ciudadanos  

Impedir los pagos en efectivo de cuantías superiores a 1.000 euros apenas tendría efectos para reducir el fraude fiscal en numerosos supuestos. Por ejemplo, los empresarios que abonan parte del salario fuera de nómina seguirán haciéndolo y los que no dan de alta en la seguridad social a varios o a todos sus empleados, también; los médicos que no expenden factura por las consultas tampoco se verán forzados a hacerlo por esa medida, ni tampoco quienes pagan almuerzos de empresa no declarados o quienes abonan en negro la reparación de un electrodoméstico para evitar el IVA.
La lista de supuestos en los que la medida carecería de efectos prácticos es larguísima. 

Por otro lado, aparte de que las operaciones alegales para esquivar el IVA o no tributar a Hacienda se seguirán haciendo con dinero líquido --incluidas la prostitución y otras actividades no reguladas--, la medida carecerá de efectos en todas las actividades ilegales, desde el tráfico de drogas hasta la compra-venta de objetos robados o el juego y las apuestas clandestinas, pasando por las mordidas y un largo etcétera de transacciones que se hacen y se seguirán haciendo con dinero negro.

Viñeta de Vergara capturada en Público

En definitiva, analizando con detalle los posibles efectos todo apunta que limitar la circulación de dinero líquido tendría unos efectos fiscales que no compensarían los inconvenientes y los gastos que generaría a ciudadanos y empresas; las cuales, por cierto, ya están obligadas a declarar todos los cobros en efectivo superiores a 6.000 euros [reducir esta cuantía sería sencillo, tendría efectos fiscales, aunque tampoco espectaculares, pero su puesta en práctica apenas causaría inconvenientes ni gastos].

Convendría, pues, que el Gobierno estudiara con detenimiento una medida que con toda probabilidad causaría mas perjuicios privados y sociales que rendimientos fiscales. Eso sí, en el caso de que finalmente se aplicara, los directivos de los bancos tendrían motivos sobrados --una vez más-- para descorchar unas botellas de cava, incluso varias del más caro de los champanes franceses.