La polémica en torno al complejo gasero instalado en el interior de la ría de Ferrol, que se inició hace ya cinco años, ha motivado que el responsable de Industria del Gobierno gallego, Fernando Blanco (BNG), haya declarado que la ubicación de las instalaciones «non é a máis axeitada».
Lo cierto es que no sólo la ubicación sería inadeacuada, sino también ilegal, pues incumple dos directivas de la Unión Europea y no ha cubierto todos los trámites de carácter medioambiental previstos en España para ese tipo de instalaciones.
Lo cierto es que no sólo la ubicación sería inadeacuada, sino también ilegal, pues incumple dos directivas de la Unión Europea y no ha cubierto todos los trámites de carácter medioambiental previstos en España para ese tipo de instalaciones.
El presidente de la Xunta, Pérez Touriño, ya manifestó una opinión similar a la del conselleiro nacionalista, pues ha reconocido que el origen del conflicto existente en Ferrolterra es uno y sólo uno: la ubicación de la planta.
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Hay preguntas inevitables
1 ¿La prudencia política justifica que el Gobierno autonómico eluda la obligación ética de llamar a las cosas por su nombre?,
2 ¿a qué obedece el miedo a decir que Reganosa ha sido construida en un lugar radicalmente inadecuado y aberrante desde un punto de vista medioambiental?, y
3 ¿por qué silenciar que incumple normas y directivas (leyes) de la Unión Europea?
La situación es chusca y penosa.
Veamos:
PSOE, Bloque Nacionalista Galego (BNG), Esquerda Unida (EU-IU), la Cofradía de Ferrol, la Subdelegación del Gobierno central, los sindicatos y varias organizaciones civiles cruzan críticas y se dañan mutuamente, en tanto que los ex miembros del gobierno que presidió Fraga Iribarne y el propio PP, que fueron los que pusieron en marcha el proyecto, se mantienen al margen de la polémica y acabarán siendo simples espectadores del conflicto que ellos y sus amigos económicos generaron.
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| Imagen de una manifestación en defensa de la ría (foto de Fuco Buxán, capturada en la web del Comité Cidadán) |
1 ¿La prudencia política justifica que el Gobierno autonómico eluda la obligación ética de llamar a las cosas por su nombre?,
2 ¿a qué obedece el miedo a decir que Reganosa ha sido construida en un lugar radicalmente inadecuado y aberrante desde un punto de vista medioambiental?, y
3 ¿por qué silenciar que incumple normas y directivas (leyes) de la Unión Europea?
La situación es chusca y penosa.
Veamos:
PSOE, Bloque Nacionalista Galego (BNG), Esquerda Unida (EU-IU), la Cofradía de Ferrol, la Subdelegación del Gobierno central, los sindicatos y varias organizaciones civiles cruzan críticas y se dañan mutuamente, en tanto que los ex miembros del gobierno que presidió Fraga Iribarne y el propio PP, que fueron los que pusieron en marcha el proyecto, se mantienen al margen de la polémica y acabarán siendo simples espectadores del conflicto que ellos y sus amigos económicos generaron.
Hay que insistir:
¿La prudencia política justifica que el actual Gobierno autonómico eluda la obligación ética de llamar a las cosas por su nombre?
Una cosa es ser políticamente correcto y otra bien distinta, políticamente cobarde.
¿La prudencia política justifica que el actual Gobierno autonómico eluda la obligación ética de llamar a las cosas por su nombre?
Una cosa es ser políticamente correcto y otra bien distinta, políticamente cobarde.
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