España es un Estado de Derecho tan singular que
el Gobierno impone obligaciones
a unas empresas para beneficiar a otras,
en contra del sacrosanto libre mercado
..Por lo visto, escuchado y leído el Gobierno de Rajoy sortea o tapa todos los charcos que le corresponden: presupuestos, sanidad, educación, banca, deuda, Botsuana, Repsol-YPF, etcétera y etcétera; pero tiene claro que debe meter los dos pies en charcos que son ajenos a la cosa pública, como es el pleito económico privado entre la patronal de los clubes, la Liga de Fútbol Profesional (LFP), y las empresas propietarias de emisoras de radio.
La LFP [asociación de empresas que explota una competición y espectáculo deportivo profesional, comercializado y organizado para ganar dinero] exige legítima y legalmente que las empresas que hacen negocio retransmitiendo sus espectáculos paguen por el producto que ofrecen sus empresas asociadas (clubes).
A mayores, un elevado número de los recintos en los que se celebran esos espectáculos también son de propiedad privada, luego sus propietarios tiene derecho a cobrar la entrada, fijar los precios que estimen convenientes y hacerlo libremente, ¿no dicen que España es una economía de libre mercado?... por ejemplo, el libre comercio impone sus reglas para alimentarse y tener techo donde cobijarse.
En el caso de los campos de juego de propiedad pública, las empresas-clubes suscriben contratos con la Administración propietaria del recinto para disponer de las instalaciones durante una serie de horas o días convenidos a cambio de abonar un alquiler o una compensación.
En todo caso, sea en un recinto de propiedad privada o pública, el espectáculo constituye una actividad o negocio privado.
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En todo caso, sea en un recinto de propiedad privada o pública, el espectáculo constituye una actividad o negocio privado.
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El público que acude a un estadio para disfrutar de un espectáculo de la LFP abona entrada y las emisoras de TV que lo retransmiten también pagan... ¡y no poco!, pero les compensa porque hacen negocio.
Todos pagan para disfrutar o extraer beneficio del espectáculo, incluidos los telespectadores, pues los canales de TV cobran una cuota (PPV, pago por visión), además de vender las imágenes a otros medios para obtener más ingresos, amen de los obtenidos por publicidad [justo lo mismo que hacen las emisoras de radio].
Todos pagan para disfrutar o extraer beneficio del espectáculo, incluidos los telespectadores, pues los canales de TV cobran una cuota (PPV, pago por visión), además de vender las imágenes a otros medios para obtener más ingresos, amen de los obtenidos por publicidad [justo lo mismo que hacen las emisoras de radio].
A nadie sensato se le ocurre exigir que las cámaras de TV tengan derecho a acceder gratuitamente a los estadios para retransmitir esos espectáculos privados abonando sólo el coste de los asientos que ocupan sus profesionales.
Y a nadie sensato se le ocurre tampoco apelar a la libertad de información para forzar la entrada gratuita de prensa, radio y TV en teatros, palacios de congresos, hípermercados, centros culturales de carácter privado en los que se organizan eventos o espectáculos de iniciativa privada.
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Un gobierno futbolísticamente intervencionista
Y a nadie sensato se le ocurre tampoco apelar a la libertad de información para forzar la entrada gratuita de prensa, radio y TV en teatros, palacios de congresos, hípermercados, centros culturales de carácter privado en los que se organizan eventos o espectáculos de iniciativa privada.
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Un gobierno futbolísticamente intervencionista
Otra cosa es que a los organizadores de un evento privado les interese por motivos comerciales o de otra índole la presencia de los medios y faciliten su acceso.
¿Es legítimo y legal que un gobierno imponga el acceso gratuito de los medios a representaciones teatrales, competiciones de trial indoor o de F1, a proyecciones de películas o a eventos que versen sobre informática, sexo, cirugía u otros productos y servicios?
¿Es legítimo y legal que un gobierno imponga el acceso gratuito de los medios a representaciones teatrales, competiciones de trial indoor o de F1, a proyecciones de películas o a eventos que versen sobre informática, sexo, cirugía u otros productos y servicios?
Pues bien, el Gobierno de Rajoy es intervencionista con un negocio privado concreto, sólo uno: el de la LFP, y ha destapado una caja de truenos jurídicos con un decreto que obliga a unas empresas (los clubes) a regalar o dar tratamiento ventajoso a las empresas que explotan emisoras de radio, en tanto que las que poseen canales de TV y el público en general deben pasar por caja sin excepciones ni descuentos legales.
Según Rajoy y sus asesores, hay empresas que tienen derecho a disfrutar del todo gratis o de rebajas por hacer lo mismo que otras que abonan millones de euros por retransmitir el espectáculo.
¿Acaso existe un derecho de información de espectáculos y actividades lucrativas privadas?
Según Rajoy y sus asesores, hay empresas que tienen derecho a disfrutar del todo gratis o de rebajas por hacer lo mismo que otras que abonan millones de euros por retransmitir el espectáculo.
¿Acaso existe un derecho de información de espectáculos y actividades lucrativas privadas?
Ese derecho no existe, se lo ha inventado el PP y si España fuera un Estado que realmente garantizara la seguridad jurídica, esa ley sería derogada por inconstitucional.
Catalogar legalmente "de interés público" un partido de fútbol profesional entre los equipos de dos empresas privadas que compiten en el negocio organizado por la patronal (LFP) constituye una aberración jurídica propia de un país donde reinan los desmadres y las chapuzas legales.
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El fútbol es
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otra religión rentable
para el poder político
Ya ve usted, amable lector/a, el Gobierno está dispuesto a meterse en ese charco y, en cambio, no mueve un solo dedo [tampoco los diputados ni los senadores] para garantizar el acceso de los periodistas a todos los plenos de los ayuntamientos o a la documentación oficial que no ha sido declarada reservada por razones de seguridad nacional.
Para redondear, el Gobierno ha decretado que en el caso de que las empresas de la LFP y de la radiodifusión no se pongan de acuerdo, la Administración intervendrá para fijar un justiprecio.
Resulta chocante tamaño intervencionismo teniendo en cuenta que el Gobierno evita inmiscuirse por razones legales en transacciones comerciales que sí afectan a productos o servicios de primera necesidad: energía eléctrica, alimentos, ropa de abrigo y vivienda, entre otros.
Todo vale con tal de utilizar el circo romano de los siglos XX y XXI para idiotizar o tener entretenida a la ciudadanía... la que está dispuesta a ser idiota, naturalmente, que no es poca y vota.
Todo vale con tal de utilizar el circo romano de los siglos XX y XXI para idiotizar o tener entretenida a la ciudadanía... la que está dispuesta a ser idiota, naturalmente, que no es poca y vota.
No tienen vergüenza, ni tampoco hay una sociedad civil ni una Justicia independiente que les obligue a tenerla.
En fin, amable lector/a, sonría para no llorar... ¡país!
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En fin, amable lector/a, sonría para no llorar... ¡país!
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CON ANTERIORIDAD:
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