La dictadura franquista aplicaba un sistema de tasas judiciales que discriminaba el acceso de los ciudadanos a la Justicia. En 1986, el Gobierno de la época (PSOE) enmendó esa rémora clasista e impuso que los presupuestos del Estado costearan la administración de Justicia. En 2002, otro Gobierno (PP) reimplantó las tasas judiciales, aunque sólo en los procedimientos civiles y contencioso-administrativos y sólo debían abonarlas las personas jurídicas (es decir, empresas, bancos y sociedades).
El aspecto quizá más relevante del asunto es que el Gobierno de Rajoy alega que uno de los objetivos de esta ofensiva fiscal --aparte de recaudar-- es combatir el exceso de litigiosidad y las maniobras de quienes, aprovechando que la Justicia es gratuita, plantean más y más recursos para dilatar los procesos judiciales.
Con relación a ese argumento, es obligado tener en cuenta que los informes del Consejo General del Poder Judicial constatan que 8 de cada 10 recursos acaban en nada, pues los pierde el recurrente, que no obstante ha conseguido retrasar años y años el fallo o dictamen final. En paralelo, sabido es que muchos de esos recursos constituyen evidentes o presuntos abusos de Derecho.
Pues bien, además del despropósito que supone imponer tasas que dividirán a los ciudadanos en justiciables, denunciantes o demandantes de primera y de segunda categoría, resulta chocante que el Gobierno luche contra los abusos de Derecho imponiendo tasas en lugar de revisar los procedimientos legales que facilitan esa perversión.
Solucionar mediante tasas el abuso de Derecho es un despropósito clasista porque quienes tienen mayor capacidad económica seguirán permitiéndose el lujo de dilatar los procedimientos. Más fácil: el abuso de Derecho seguirá estando al alcance de quien tiene dinero para recurrir y recurrir y recurrir.
De modo que cabe la posibilidad de que otro de los objetivos del proyecto gubernamental sea precisamente ese, que sólo los ricos puedan abusar del Derecho...
MÁS detalles, en El país.
RELACIONADO:
Evaristo Nogueira, decano del Colexio de Avogados de Santiago, ha acusado al ministro de Justicia de mentir a los profesionales del Derecho, pues hace unas semanas Ruiz-Gallardón les comunicó que tendría muy en cuenta su opinión. Los abogados --vía colegios profesionales-- siempre han denostado las tasas y advertido reiteradamente de que esa medida «vulnera de forma importantísima» el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, pues establece discriminaciones graves en el acceso a la Justicia. Más detalles, en La voz de Galicia.
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