Un juez cifra en 2.500 euros mensuales el coste de cubrir las necesidades vitales de una familia

El juzgado de lo mercantil número 9 de Madrid ha calculado que los ingresos mínimos de los que debe disponer una familia para vivir es de 2.500 euros mensuales...

No es broma. Veamos:
Gonzalo Pascual --ex socio de Díaz Ferrán en Marsáns, la agencia de viajes que quebró-- tiene las cuentas embargadas debido a que la Justicia investiga el posible delito de alzamiento de bienes que perpetró para evitar que se los embargaran; motivo por el que presentó un alegato arguyendo que su familia ha tenido que recurrir a familiares y amigos para alimentarse.

Evidentemente, ignoro si tan extrema penuria es real o se trata de ardid pero, en todo caso, el titular del juzgado la ha dado por cierta --o eso cabe colegir-- y ha decidido que Pascual puede disponer de 2.500 euros mensuales de sus cuentas a fin de cubrir las necesidades vitales de su familia.

Una de las más inmediatas conclusiones --aplicando la lógica y prescindiendo de toda interpretación económica, social, ideológica o política-- es que el juez cifra en 2.5000 euros las necesidades vitales de una familia.

[Es obligado precisar que el funcionario se ha pronunciado sólo y exclusivamente sobre el caso específico de la familia del señor Pascual y quizá, sólo quizá, ha tenido en cuenta elementos singulares y extraordinarios que, en estricto Derecho, escapan a mi inteligencia. Sea como fuere, seguiré adelante con mi viaje argumental:]

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La papeleta de la Justicia

A la vista de ese cálculo, ¡2.500 euros mensuales!, ¿qué debería fallar un juez que aborda el caso de un asalariado que cobra 800, 1.000, 1.200 o 1.400 euros al mes cuando un banco o la Hacienda pública reclaman el embargo parcial de su nómina, máxime si el acreedor tiene uno o más hijos que alimentar?

Usted, como yo, sabe perfectamente que si Hacienda detecta que un contribuyente ha ingresado 400, 200 o 30 euros menos en la declaración de la renta, aunque sea evidente que se trata de un error, inmediatamente... ¡y sin juez de por medio! 

La noticia de el caso de los 2.500 euros corre por la Red desde hace ya varias horas y, en paralelo, la mayoría de los medios convencionales divulgan el suceso ejerciendo, una vez más, su predisposición a la miopía informativa, pues lo que resaltan del episodio es que el juez haya rebajado las pretensiones de Pascual a 2.500 euros mensuales, pues el empresario reclamaba 6.000.

Sin embargo, creo que usted y yo estaremos de acuerdo en que desde el punto de vista de un ciudadano común lo realmente llamativo del episodio no es la rebaja aplicada por el juez, sino que este haya cifrado las necesidades básicas de una familia en 2.500 euros mensuales; es decir, el equivalente a seis veces el salario mínimo interprofesional o, también redondeando cifras, el doble del salario medio neto mensual que percibe un asalariado español corriente y moliente. 

Como usted comprenderá, amable lector/a, desde que tuve conocimiento de ese cálculo judicial alimento el ferviente e íntimo anhelo de que el titular del juzgado de lo mercantil número 9 de Madrid sea nombrado asesor de el Gobierno de los recortes o, cuando menos, que le pida consejo Fátima Báñez, la ministra de Empleo, personaje político que tiene guasa...