Que Argentina presione a Repsol-YPF es lógico y el "patriotismo" del Gobierno de Rajoy, ridículo

El deterioro de las relaciones entre Repsol [accionista mayoritaria en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)] y la clase dirigente argentina, tanto la política como la económica, viene de lejos.

Las causas cabe resumirlas en una que tiene dos caras:
a) Por un lado, el consumo de carburantes líquidos en Argentina se ha incrementado en torno al 38 % y el de gas, en un 25 %; alzas acumuladas a lo largo del período 2003-2010 y motivadas por el crecimiento sostenido que experimenta la economía del país austral. Cálculos provisionales apuntan que al cierre del 2010 esas tasas ya eran del 40 y del 28 %, respectivamente.

b) En paralelo, las inversiones de Repsol en YPF o de YPF en Argentina han sido "mínimas", según insisten los políticos argentinos, que resaltan un hecho: en los últimos tres años la multinacional española no ha puesto un marcha ni un solo pozo.
Este y otros avatares, provocan que el diferencial entre los hidrocarburos que se extraen y la demanda siga en aumento y Buenos Aires haya tenido que recurrir a más y más importaciones, lo que genera problemas financieros al Estado (las compras ascendieron el año pasado a unos 10.500 millones de euros).

Lógico, pues, que las autoridades argentinas barajen la posible nacionalización de YPF con la finalidad de aumentar la producción.
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Viñeta capturada en LOS CALVITOS

[¿Por qué recurren a la nacionalización? Porque al declarar YPF de interés público el Gobierno puede tomar el control del 50,01 % de las acciones sin tener que lanzar una opción de compra (OPA) por el 100 %; a lo que estaría obligado si adquiriera acciones como cualquier otro agente económico y comprara más del 15 % de las acciones.
Una vez aprobada la nacionalización por la Cámara baja y el Senado, el Tribunal de Tasación establecerá un justiprecio que, lógicamente, será ventajoso para el erario nacional. Entretanto, el Gobierno buscará dinero, probablemente vía crédito sindicado con varios bancos, para abonar las compensaciones que puedan corresponder a Repsol, Pemex y Petersen, los accionistas más significativos. Por cierto, el Grupo Petersen controla parte de YPF gracias a un préstamo de Repsol y el rector de ese grupo es el banquero Enrique Esquenazi, amigo personal de los Fernández-Kirchner. Algún día, ojalá sea más pronto que tarde, sepamos a qué obedece la relación y cruce de intereses Repsol-Petersen-Kirchner]
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YPF tiene pretendientes, sobre todo chinos
Lo que nadie sabe es cómo acometería el Gobierno del país austral las inversiones que requeriría abrir nuevos pozos y dotarlos de la logística complementaria; por lo que debería recurrir a otro crédito, o bien buscar inversores, aliándose probablemente con otros agentes económicos.
De hecho, ya se habla de que Cristina Fernández de Kirchner contaría con la complicidad de Carlos Bulgheroni, accionista mayoritario de la segunda petrolera argentina, Pan America Energy.
En paralelo, también se baraja la posible irrupción de la petrolera china CNOOC, que según fuentes no implicadas en la pugna hispano-argentina ultimaría una operación para adquirir un notable paquete de acciones de YPF, sea quien sea el propietario. Para ello, CNOOC estaría dispuesta a invertir hasta 9.000 millones de dólares, según fuentes del sector.
Pero hay más. YPF tiene desde hace tiempo otro adinerado pretendiente: el gigante petrolero también chino Sinopec, que está interesado en hincar el diente en los yacimientos de hidrocarburos del país austral y si se tercia, compraría cuantas acciones pudiera y le dejaran de YPF. 

Paradójicamente, pese a que las tensiones, unidas a dimes y diretes han provocado que el valor bursátil de la petrolera española haya caído algo más del 19 % en lo que va de año, la cúpula de la compañía no se ha pronunciado públicamente ni había realizado movimientos notorios al respecto; no obstante, esta semana su presidente, Antonio Brufau, ha viajado de nuevo a Buenos Aires --con máxima discreción, como en anteriores ocasiones-- en un intento de poner coto a las cancelaciones de licencias de exploración y explotación que uno tras otro están decretando los gobiernos de varias provincias argentinas y, lógicamente, para saber con exactitud qué hará finalmente el Gobierno austral y, si puede, entrevistarse personalmnente con Cristina Fernández.

En todo caso, el episodio es cada vez más enrevesado, pues anoche el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, negó que el Gobierno ya hubiera remitido al Congreso el proyecto de ley de expropiación --en contra de las afirmaciones hechas horas antes en medios políticos argentinos--, y añadió que el Ejecutivo se ha limitado, de momento, a exteriorizar su inquietud por la caída de la producción de hidrocarburos y por el aumento de las importaciones de combustibles al que se ve obligada Argentina debido a la reducción de las extracciones en su propio territorio.

Con relación a la retirada de licencias, en Buenos Aires se da por hecho que esa medida obedece a la necesidad de otorgárselas a una o a varias compañías que estén dispuestas a invertir inmediatamente para abrir nuevos pozos en el más breve plazo posible y, así, reducir las importaciones.
[Resumen del cruce de declaraciones, en el blog de Fernando Berlín·Radiocable]
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Alarde de «españolismo empresarial» 

La reacción del Gobierno español cabe calificarla de anecdótica, pues --aparte de la utilidad que pueda tener el alarde de nacionalismo español para consumo doméstico-- nada práctico puede hacer para impedir que el Estado austral nacionalice YPF, que es una empresa argentina.

Además, las declaraciones de los ministros de Industria y Exteriores y del propio presidente Mariano Rajoy merecen una sonrisa porque defienden con inusitado ardor guerrero a Repsol, que fue pública --es decir: de todos los españoles-- hasta 1997, cuando se convirtió en un rentabílisimo negocio privado gracias a que el Gobierno que presidía José María Aznar enajenó todas las acciones que controlaba el Estado español; resultando, además, que hasta diciembre del 2006 ni siquiera tenían mayoría de acciones personas físicas o jurídicas españolas; si bien recientemente esa mayoría accionarial hispana ha vuelto a diluirse, según datos de la propia compañía, debido a que ha cambiado de manos un notable paquete de  participaciones, en especial por las que ha vendido Sacyr Vallehermoso [esta firma constructora llegó a poseer el 20 % del accionariado, pero debido a sus necesidades de capital vendió la mitad de su participación, y actualmente sólo es titular del 10,01 %].
A fecha de hoy el 51,49 % de las acciones de Repsol están en poder de personas físicas o jurídicas no españolas.
RELACIONADO:
"¿Dónde está el Repsol de los españoles?", en QUE PAREN LAS ROTATIVAS.
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ACTUALIZACIÓN (agosto 2015):
«Vaca muerta: ¿De quién es el negocio del "boom" petrolero argentino?»