Abusos y odios lastran el desarrollo de Colombia

Junto a sus hermanas sudamericanas Argentina, Brasil, Perú y Venezuela, Colombia es uno de los treinta países del mundo con más valiosos y cuantiosos recursos naturales. Extrae y exporta carbón, diamantes, esmeraldas, hidrocarburos, plata, zafiros... Además, fabrica y exporta automóviles y textiles, y su agro se caracteriza por un amplio y variado abanico de ofertas, entre las que destacan las de anís, añil, banano, cacao, café, flores, frijoles, maíz, patatas, quina, tabaco, té, tomate y yuca.

Sin embargo, en el 2010 entre el 25 y el 30 % de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza, según las fuentes. En el 2006, el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señalaba que en la capital, Bogotá, el 23,8 % de los habitantes eran pobres de solemnidad; referencia que descendió entre 1,5 y 2 puntos durante el cuatrienio 2007-2010. En el conjunto del país ese porcentaje es un mínimo de 5 puntos más elevado que en Bogotá, según los analistas.

Abundando en datos, Colombia todavía figura en el listado de países (82) donde hay humanos que sobreviven con menos de 1 dólar diario (en paridad de poder adquisitivo). En el 2005, último año del que hay datos fiables, 7 de cada 100 colombianos acusaban esa situación de miseria extrema. La tasa, según las fuentes consultadas, sería actualmente del 5,5 %.

Tan descompensado reparto de la riqueza también se refleja en la fiscalidad, pues el pago de obligaciones supone el 10,5 % de los ingresos medios de un ciudadano de clase baja, el 9% de los de uno de clase media y sólo el 4 % de uno de clase alta. Esos porcentajes también constatan la baja capacidad recaudatoria de la Hacienda pública, motivo por el que el Estado acusa desequilibrios presupuestarios y baja capacidad inversora, lo que a su vez lastra la modernización y la adecuación de las infraestructuras y de los servicios públicos.

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Reproducción facsímile del texto,
publicado en La voz de Galicia

Crecimiento constante
Pese a todo, una vez superada la prolongada crisis que acusó Latinoamérica durante los años noventa, emparentada con la del sudeste asiático que estalló en 1989 y relacionada también con la mundialización y desregulación de las finanzas, en el año 2000, primero tímidamente y partir del 2003 con notable vigor, el producto interior bruto (PIB) colombiano no ha dejado de crecer. Y lo ha seguido haciendo incluso después de otoño del 2007, cuando se produjo en EE UU el primer reventón financiero.

En el 2001 el PIB creció el 1,9 % y en el ejercicio siguiente, el 2,9. La tasa siguió al alza hasta 6,9% del 2007. Pero en el 2008, básicamente a causa de la debacle causada por los créditos basura (los subprime) que bancos estadounidenses repartieron por medio mundo, el crecimiento se moderó y el alza fue del 2,8 % y del 1,7 al año siguiente. Pero en el 2010 el país recuperó el pulso, el alza fue del 4 % y el año pasado alcanzó el 5,9 (dato provisional). Para el actual ejercicio la previsión de la Asociación Nacional de Entidades Financieras colombianas prevé un aumento del 5 %, sólo dos décimas por debajo del incremento previsto por el FMI para el conjunto de Sudamérica.

Quienes conocen la realidad colombiana coinciden en que, sin restar valor a los positivos indicadores de los últimos doce años, el desarrollo económico es proporcionalmente inferior a las potencialidades del país. Y casi todos coinciden en que esa circunstancia se debe a que la sociedad y la economía acusan dos poderosas rémoras: la violencia y la ineficiencia del Estado.
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«Cegueras» y corrupción

La violencia existente en Colombia es poliédrica y, sin embargo, el Gobierno y sus aliados se empeñaron por motivos políticos en centrar e incluso reducir el problema a la actividad de la guerrilla de las FARC —el ELN está prácticamente desmantelado—. Sin embargo, las acciones que más muertes y más miserias han desencadenado son, de largo, las perpetradas por las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), financiadas por terratenientes, variados agentes económicos —incluso extranjeros— y narcotraficantes, tal como ya ha sido probado y documentado.

Las AUC y las FARC han provocado durante el último cuarto de siglo movimientos forzosos de población que han afectado a cientos de miles de campesinos, con el consiguiente abandono de explotaciones agropecuarias y graves incendios forestales, entre otros desastres. Y lo que es peor, decenas de miles de muertos y mutilados.

A fecha de hoy todavía es imposible cifrar el número de víctimas. A modo orientativo cabe apuntar que solo en el cementerio informal de La Macarena (200 kilómetros al sur de Bogotá), donde las AUC inhumaron a gran parte de sus víctimas durante el período 2005-2009, han sido contabilizados 2.100 cadáveres. De hecho, está catalogada como la fosa común más poblada de América. Entidades civiles y la Administración cifran y admite que los desaparecidos —es decir, sin contar los muertos ya identificados— durante esa guerra a varias bandas suman unos 32.000.

A las acciones de las AUC y de las FARC hay que sumar las de los narcotraficantes, que han llegado a tener cómplices en ambos bandos y también en las instituciones del Estado y de varias ciudades.

Unos y otros han minado la gobernabilidad de Colombia y también su aparato de Justicia, lo que a su vez ha dañado gravemente la actividad económica y frustrado numerosas inversiones.

En agosto del 2010, el relevo de Álvaro Uribe en la presidencia del país aclaró el horizonte. El fin del uribismo ha propiciado el descenso de la conflictividad y de la violencia, así como la posibilidad real de que las FARC abandonen las armas.

No obstante, tal como ha reconocido el actual presidente, Juan Manuel Santos, las raíces del odio son tan profundas que la normalización de la vida social y económica —máxime en el rural— requerirá de un esfuerzo colectivo durante años.