En virtud de una ley aprobada en mayo de 1995, cuando Manuel Fraga presidía la Xunta de Galicia, sucesivos gobiernos autonómicos han otorgado avales a empresas privadas. Esa singular potestad no es noticia per se, sino porque el actual Ejecutivo (PP) sigue haciendo uso de esa prerrogativa pero ha dejado de informar de la identidad de las firmas beneficiadas y de las cuantías "para no perjudicar a las empresas", según ha precisado la Consellería de Economía, cuyo titular es Javier Guerra.
Entre las firmas agraciadas por el anterior gobierno (PSdeG-BNG) figuraron, entre otras empresas, Astilleros MCíes, Bernardo Alfageme, Feiraco, Grupo Copo, Inversiones Atlante, Isidro de la Cal, Lanera de Galicia, Roberto Verino, etcétera.
Las decisiones al respecto del Ejecutivo que preside Núñez Feijoo, que tomó posesión el pasado mes de abril, son noticia por su opacidad, pero puestos a analizar con rigor cabe preguntarse por qué se están financiado empresas privadas --algunas de ellas incluso han sido salvadas de la quiebra-- sin haber concretado los criterios que rigen tanta generosidad subvencionadora.
Hay una serie de requisitos para solicitar los avales, cierto, pero se trata de un reglamento administrativista que, resumiendo, fía la decisión final a lo que diga una consultora privada, que es la que informa de la viabilidad de la empresa y analiza las causas que en teoría motivan el derecho al aval del solicitante... Aval otorgado con el dinero de los contribuyentes, que ahora ni siquiera son informados de quién, cómo, cuánto y por qué.
El consuelo de los tontos...
¡Hay más administraciones que poseen similar prerrogativa!, alegan los defensores de esos avales... Es decir: Mal de muchos, consuelo de tontos.
Durante el actual ejercicio la Consellería de Economía puede autorizar avales de hasta 25 millones de euros por demandante y hasta un total de 500 millones. Partida esta que ha sido incrementada en un 66% respecto a la del 2008 con la finalidad --según dicen-- de ayudar a que las pequeñas y medianas empresas obtengan el crédito que les niegan bancos y cajas... ¡Que a su vez también reciben ayudas para dar créditos!... O eso dicen.
A pesar de su importancia y de sus significados, esa desregulada generosidad de la Administración carece de interés para la clase política gallega. Y es que los avales a empresas privadas, al igual que el entierro de cientos de millones de euros en la Cidade da Cultura, formarían parte de la lista de cuestiones molestas que es políticamente incorrecto ventilar. En paralelo, el Gobierno del transparente Núñez Feijoo ha suprimido la gratuidad de los libros de texto porque escasea el dinero...
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¡MÁS TRANSPARENCIA!, POR FAVOR. Si de dar ejemplo de transparencia se trata, he aquí otro de indudable valor:
"El máximo responsable de la Autoridad Portuaria de A Coruña que decidió optar por Punta Langosteira para la ubicación de la dársena exterior supervisa ahora, desde su actividad privada, las obras del proyecto a través de una asistencia técnica cuyo importe asciende a 5,9 millones de euros. Juan Manuel Páramo Neyra ocupó la presidencia del organismo coruñés entre junio de 1996 y noviembre de 1999, bajo el mandato del popular Arias Salgado como ministro de Fomento. Ahora es socio y administrador de una de las sociedades de la UTE Langosteira Supervisión, adjudicataria del concurso de asistencia técnica para el control de la obra cuando Guillermo Grandío Chao, también a propuesta del PP, presidía la Autoridad Portuaria de A Coruña..." Para conocer más detalles, pulse aquí.

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