26 diciembre 2009

Murcia: Meca para golfistas y patria de políticas golfas

Esta semana el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia radicalmente lógica al anteponer el interés general al beneficio privado, con relación al pleito entre un pastor y los propietarios de un campo de golf que, con el impagable apoyo del gobierno local de Jumilla, estaban empeñados en construir una urbanización en un secarral.
El Supremo ha denostado tan irracional ambición económica subrayando que el negocio por el negocio está supeditado a las necesidades objetivas de la población y, por tanto, concluye que el agua debe ser consumida con racionalidad humana.
[Dicho de otro modo: el sistema económico imperante carece de racionalidad económica y es ajeno a las necesidades de la población]
Valcárcel (izq.), presidente de la comunidad
murciana, y su homónimo valenciano, Camps
Sin embargo, a la hora de difundir ese importante episodio judicial prácticamente todos los medios de información convencionales se han olvidado de contexualizar el asunto; es decir, casi ninguno reseña que los campos de golf ubicados en la región de Murcia --uno de los territorios españoles con grave riesgo de desertización-- consumen cada año una cantidad de agua equivalente a las necesidades de 146.000 personas, y conste que este dato corresponde al año 2007.
Durante 2009, el consumo de agua en Murcia para mantener útiles las instalaciones de golf equivalió al consumo anual de unas 205.000 personas (en torno al 15 % de la población total de la región).
A la comparativa entre las demandas de agua para el negocio del golf y las necesidades de la población, habría que añadir otra referida a las actividades agropecuarias; pues por todos es sabido que la escasez de agua condiciona el futuro de la agricultura y la ganadería y, por tanto, peligran decenas de miles de empleos y cientos de empresas dedicadas a producir alimentos.
Por si fuera poco, datos referidos a 2006 ya indicaban que el consumo de agua de la región murciana por habitante y año es superior a la media del conjunto de España; es decir, un territorio obligado a importar agua para satisfacer las necesidades de la población y de la actividad agropecuaria, consume más agua que Aragón, Asturias, Castilla-León, Extremadura, etcétera... Y el desmadre ha ido a más.
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Información descontextualizada
Si de informar se trata, la sentencia del Supremo obliga a poner encima de la mesa los desmanes económicos, mediambientales y sociales en que incurren el Gobierno autonómico y numerosos ayuntamientos de Murcia, pues apuestan por el desarrollismo franquista de los años cincuenta y sesenta --que sigue siendo el eje de la política económica del PP--, renunciando a criterios de sostenibilidad imprescindibles para garantizar un futuro habitable.
Entonces, ¿cuál es el futuro de los murcianos aplicando la política económica del PP?: Que cada cual se las apañe como pueda.
La sentencia del Supremo causaría inquietud en una sociedad sensata, pues los magistrados alertan sin necesidad de señalar a nadie contra la perversión de la clase dirigente, en este caso la murciana: Hay empresas y administraciones públicas que ponen el interés privado por encima de las necesidades de la mayoría de la población.
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