El Gobierno de Polonia considera sospechosos
de crímenes políticos a 720.000 empleados públicos. .
Los maestros, profesores y catedráticos, los directivos de las empresas públicas, los periodistas, los funcionarios de todos los ministerios, los abogados y un largo etcétera de profesionales nacidos antes de 1972 están en la picota.
Quienes se nieguen a confesar (¿?) sus presuntos pecados ideológicos pueden ser inhabilitados para ejercer su oficio durante 10 años. O peor.
Quienes se nieguen a confesar (¿?) sus presuntos pecados ideológicos pueden ser inhabilitados para ejercer su oficio durante 10 años. O peor.
La ley, si se pone en práctica --su aplicación ha quedado en suspenso en tanto se resuelve un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional polaco-- demostrará la debilidad política de la Unión Europea (UE), salvo que la Eurocámara, el Consejo de Ministros de la Unión y la Comisión Europea reaccionen con la contundencia que merece la barbaridad ética y jurídica que se está perpetrando en Varsovia.
¿Se imagina usted que 17 años después de morir Franco, una vez superada la transición formal a la democracia, un Gobierno de UCD o del PSOE hubiera obligado a todos los funcionarios a declarar cuándo, cómo y por qué colaboraron con la BPS, la policía política de la dictadura franquista?
Una cosa es depurar posibles responsabilidades por crímenes, máxime si son de lesa humanidad, y otra muy distinta es arremeter contra todos los que fueron empleados del Estado señalando a todo el funcionariado (desde conserjes hasta jueces) como sospechoso de complicidad en la represión, la discriminación, las torturas y etcétera del régimen dictatorial.
Los gemelos Kaczynski, uno es presidente y el otro jefe de Gobierno, pretenden juzgar las conciencias de 720.000 personas, según datos provisionales.
¿Qué hará la UE para impedir que el Gobierno de un país socio que teóricamente es democrático ponga en práctica medidas que son de evidente estilo fascista o estalinista?
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"El Gobierno polaco daña la economía de la UE".
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