El fiscal general entra en el "jardín" de las preferentes para templar gaitas

El titular de la Fiscalía General del Estado [en realidad y a la vista de sus prácticas, ahora y antes, esa institución debería ser rebautizada como Fiscalía General del Gobierno], Eduardo Torres-Dulce, ha dado otra lección de no se sabe exactamente qué, ampliando la que ya ofreció hace apenas dos semanas al dar su respaldo a la posibilidad de criminalizar las protestas ciudadanas.
[ver "El fiscal Torres-Dulce se desnuda ideológicamente en público. Gracias"]

En esta ocasión, Torres-Dulce ha afirmado que es "difícil" establecer o probar que en la comercialización de participaciones preferentes hubo casos de estafa ¡porque la relación entre los ahorradores y las entidades bancarias estaban basadas en un contrato civil!... O sea, ¿si hay un contrato civil de por medio no puede haber estafa?

Francamente, o Torres-Dulce no se sabe explicar o su silogismo es jurídicamente absurdo.

El fiscal general del Gobierno ha admitido que puede haber excepciones, aludiendo a los contratos en los que el cliente firma con una cruz o con la huella dactilar porque es analfabeto, o a las preferentes expedidas a personas discapacitadas, aunque evitó mencionar que hay contratos --¡miles!-- en los que hubo falta de información y, por tanto, un aprovechamiento irregular y acaso ilegal de la ignorancia del cliente.
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Mensajes interesados
«Esas situaciones --ha admitido Torres-Dulce-- hay que investigarlas desde el punto de vista penal».

Aunque al fiscal le haya resultado difícil reconocerlo, máxime después de decir que era improbable la combinación contrato civil-estafa, sí es perfectamente posible que un contrato civil sea fruto de un engaño u otro ardid, existiendo dolo y por tanto delito de estafa.

Pero el mensaje central y la intención del fiscal general del Gobierno obedecían al criterio que cada vez más altos cargos de los gobiernos central y autonómicos del PP aplican por norma en el caso de las preferentes: Lanzar mensajes que favorezcan a las entidades bancarias y generen dudas en los ciudadanos engañados o estafados, con esa finalidad insisten en la tesis de que las estafas han sido excepcionales y también por eso recurren a frases aparentemente inteligentes y casi siempre retóricas.

Ciertamente, hubo quienes adquirieron preferentes porque debido a su profesión, estatus económico o conocimientos financieros eran conscientes del altísimo riesgo que corrían, o bien porque fueron reglamentaria y convenientemente informados, pero los engañados o estafados suman miles... Con toda probabilidad: decenas de miles, opine lo que opine Torres-Dulce a título personal.
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[En este punto es obligado puntualizar un detalle:
En Galicia, supongo que en el resto de España también, se ha extendido la tesis de que quienes compraron preferentes por codicia, espoleados por los altos rendimientos que bancos y cajas ofrecían, no deben ser considerados engañados o estafados.
Ese argumento es falaz, pues supone afirmar que la codicia del cliente exime de responsabilidades a quien engaña o estafa.
Esta y otras justificaciones perversas están siendo difundidas por algunos medios de desinformación y por personas que repiten lo que oyen sin pensar]
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MÁS sobre las declaraciones de Torres-Dulce, en La voz de Galicia. 

INFORMACIÓN relacionada: Abogados critican a Torres-Dulce por difundir una opinión mediante la que aconseja implícitamente que no se presenten denuncias por presunto delito penal.