La Audiencia Nacional --tribunal extraordinario donde los haya-- envía a presidio durante 10 años a Arnaldo Otegi y a Rafael Díez Usabiaga porque, al parecer, no condenaron adecuadamente a ETA y porque, según los magistrados, es radicalmente falso que el objetivo de los dos reos fuera convencer a la banda de que abandone las armas; al reves, según los magistrados, Otegi y Usabiaga habrían estado actuando a las ¿órdenes? de ETA.
¿Y en qué basan los magistrados esa película? En la interpretación que ellos hacen de una serie de circunstancias y de varias declaraciones de los acusados.
La lectura de la sentencia demuestra que los magistrados basan su decisión, por encima de todo, en sus propias sospechas y convicciones (prejuicios). Nada más.
La sentencia no aporta ni menciona una sola prueba de la pertenencia de Otegi y Díez Usabiaga a ETA. Otro tanto cabe decir de los otros tres condenados por presunta pertenencia a banda armada: Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez y Miren Zabaleta.
Más claro y resumiendo: la sentencia es, en rigor, una condena del independentismo. Así de simple.
[Lógicamente, los nacionalistas del PP dan saltos de alegría]
Casualmente, a las puertas de unas elecciones legislativas una sentencia pone encima de la mesa la secular pugna entre territorialismos ibéricos, sean de uno u otro signo ideológico.
La sentencia permite afilar los argumentos de unos y de otros y contribuye a mejorar sus expectativas de voto, a unos en el País Vasco y a los otros en el resto de las Españas...
Mientras tanto, quienes aplauden los golpes de Estado habidos y por haber y quienes justifican los asesinatos políticos perpetrados desde el 1 de abril de 1939 hasta el 20 de diciembre de 1975 están dentro de la ley... la del Reino de España, naturalmente.
CON ANTERIORIDAD:
junio 2006, "El penúltimo rastro de la dictadura: ETA",
diciembre 2006, "Otegi pierde gas y ETA, como siempre, agoniza",
enero 2007, "Los aberzales quieren dar un paso al frente, ¿les dejarán?",
febrero 2007, "Una vez más, los españolistas echan mano de ETA",
marzo 2007, "La legalización de ASB es casi imposible",
junio 2007, "ETA se alía otra vez con la caverna, ¿cuántas van?",
octubre 2007: "ETA, del mesianismo a la eficacia anti-nacionalista",
febrero 2011: "El independentismo vasco condena la violencia y el españolismo teme perder el enemigo ideal",
marzo 2011, "El Supremo convierte las sospechas en considerandos para ilegalizar a Sortu",
mayo 2011, "El Supremo decide vetar la integración del independentismo en la vida democrática",
marzo 2011, "El Supremo convierte las sospechas en considerandos para ilegalizar a Sortu",
mayo 2011, "El Supremo decide vetar la integración del independentismo en la vida democrática",
mayo 2011, "En el Constitucional hay seis magistrados con rigor jurídico: Bildu estará en las elecciones", y
mayo 2011, "Ojalá más ex presos etarras renunciaran a la violencia".
Estos jueces están resultando tan mediocres, parciales y tendenciosos como los de aquel famoso Tribunal de Orden Público. Parece mentira que tengan tan poco miedo al ridículo y a que su capacidad sea puesta en tela de juicio. Porque sabemos que vendrán otros tribunales con algo más de sentido común y de cordura, sea el Supremo, sea alguna instancia internacional, y proclamarán que esta sentencia es un dislate jurídico y una chapuza que no se sostiene. ¿Les dará lo mismo, quedar como profesionalmente ineptos e incompetentes?
ResponderSuprimirPor detrás de todo esto, lo que queda claro es que el Estado sigue dominado por sectores filofascistas irreducibles, y no ofrece hoy a sus ciudadanos un sistema judicial fiable. Ya que el cambio desde dentro no parece posible, como lo demuestran los hechos y los años transcurridos, sólo FUERA del Estado, tras la separación de él, o tras su disolución y desmantelamiento, podrán muchos millones de ciudadanos encontrar la justicia y encontrar vías por las que dar salida a su legítima voluntad política.
¡Vaya!, y quienes aplauden y justifican los asesinatos de ETA están en las instituciones vascas, ...dentro de la ley, por supuesto... la del Reino de España.
ResponderSuprimirSaludos.
A JOSITO,
ResponderSuprimirSi tiene pruebas de que algún cargo electo de Bildu ha aplaudido o justificado asesinatos, debería entregarlas a la Justicia. Si no es así, acusar de un delito penal a personas (el "quienes" que emplea se refiere a personas) es un delito de difamación.