¿A quiénes interesa que los salarios de los cargos públicos sean el eje del debate político?

Desde hace ya varias semanas, máxime a raíz de que trascendieran las prácticas empresariales o comerciales del yerno del jefe del Estado, se vive un fenómeno que analizado con frialdad, sin demagogia, conduce a conclusiones inquietantes.
Hay quienes están abonando --algunos medios lo hacen con irresponsable alegría-- la percepción social de que las raíces de todos los problemas de España, desde los económicos hasta los propios del funcionamiento de las instituciones democráticas, son los emolumentos de quienes ostentan cargos públicos.

En cambio, la corrupción que practican tanto empresas como particulares y las elevadas cantidades de dinero que los grandes consorcios y los adinerados defraudan al fisco son naturales y comprensibles...

O eso parece.

Tangente

Día sí, día también, los salarios del rey o de los diputados, entre otros, son asuntos a los que algunos prestan morbosa atención en detrimento de otras cuestiones. Cualquiera diría que el gran problema de España es lo que cobran los cargos públicos del Estado.

Veamos las remuneraciones de los principales dirigentes institucionales [las cifras han sido redondeadas en miles y reflejan salarios brutos]:

Jefe del Estado: 293.000 euros (incluidos gastos de representación, pero excluidos los inmuebles que utiliza y su mantenimiento);

Príncipe heredero: 146.000 (incluidos gastos de representación y excluida la residencia y su mantenimiento);

Presidente del Tribunal Supremo: 130.000;

Presidente del Tribunal Constitucional: 129.000;

Magistrados del Tribunal Constitucional: 110.000, cada uno;

Vicepresidente del Tribunal Constitucional: 121.000;

Defensor del Pueblo: 115.000;

Adjuntos al Defensor del Pueblo: 107.000, cada uno;

Presidente del Consejo de Estado: 77.000;

Presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas: 112.000, cada uno;

Miembros del Consejo General del Poder Judicial: 112.000, cada uno, exceptuado el secretario, que cobra 3.000 euros menos;

Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado: 192.000 (incluidos gastos de representación y de libre disposición), si bien los emolumentos del segundo son ligeramente inferiores;

Diputados y senadores: 3.000 euros mensuales cada uno (redondeando cifras), más gastos que están entre los 800 y los 1.700 euros mensuales en función del lugar de residencia, más los extras que cobran los miembros de las mesas del Congreso y del Senado, y los portavoces; 

Presidente del Consejo Económico y Social: 85.000;

Presidente del Gobierno: 78.000;

Vicepresidenta del Gobierno: 73.000;

Ministros: 69.000 (excluidos gastos técnicos, como viajes o los derivados de actos oficiales, al igual que el presidente y la vicepresidenta);

Secretarios de Estado: 71.000.

No se trata de justificar salarios que a tenor de los ingresos medios de un ciudadano común son elevados, pero conviene evitar la espiral de simplismo que es utilizada por columnistas y comentaristas para cuestionar el sistema democrático, para lo cual fomentan el desprestigio de las instituciones y satanizan la política.

[¡El apoliticismo es una actitud y un criterio radicalmente político!] 

Es sano y necesario criticar los excesos, pues los hay; aunque no tanto en los salarios de los diputados como en las ventajosas condiciones de acceso a elevadas pensiones. Pero cosa bien distinta es mezclar churras con merinas y utilizar esos asuntos para concluir que la política y los políticos sobran.

[Insisto: el apoliticismo es radicalmente político y siempre beneficia a los mismos...] 

Regresando a las cifras, a fin de tener una idea cabal de cantidades y para que se hagan valoraciones económicas globales proporcionadas, sin caer en barbaridades, resulta que los emolumentos arriba reseñados --basta con multiplicar y sumar-- suponen, aproximadamente, el 0,0002 % del dinero negro que se mueve cada año en España y apenas el 0,01 % del dinero que defraudan a la Hacienda pública los ricos y las grandes compañías.
Salvando las distancias y prescindiendo de significados, afirmar que los salarios de los cargos públicos constituyen un problema de hondo calado presupuestario es una insensatez comparable a la de quienes afirman que los elevados salarios de los trabajadores lastran la economía española...
En España, la falacia y la demagogia gozan de un aberrante prestigio social.
TEXTO relacionado:
"El rechazo al sistema democrático gana adeptos".