17 marzo 2007

El Gobierno polaco retuerce el Derecho y corroe la credibilidad de la UE

Los ultracatólicos hermanos Kaczynski organizan una purga política al señalar
como sospechosos de crímenes de Estado a 720.000 empleados públicos 
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El Gobierno polaco ha logrado que el Parlamento, con mayoría derechista, hay aprobado una ley que ha instalado en la angustia a 720.000 personas como sospechosas de haber colaborado con la policía política de un régimen desaparecido hace 17 años.
Los maestros, profesores y catedráticos, los directivos de las empresas públicas, los periodistas, los funcionarios de todos los ministerios, los abogados y un largo etcétera de profesionales nacidos antes de 1972 están en la picota.
Quienes se nieguen a confesar (¿?) sus presuntos pecados ideológicos pueden ser inhabilitados para ejercer su oficio durante 10 años. O peor.
La ley, si se pone en práctica --su aplicación ha quedado en suspenso en tanto se resuelve un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional polaco-- demostrará la debilidad política de la Unión Europea (UE), salvo que la Eurocámara, el Consejo de Ministros de la Unión y la Comisión Europea reaccionen con la contundencia que merece la barbaridad ética y jurídica que está a punto de perpetrarse en Varsovia.
¿Se imagina usted que 17 años después de morir Franco, una vez superada la transición formal a la democracia, un Gobierno de UCD o del PSOE hubiera obligado a todos los funcionarios a declarar cuándo, cómo y por qué colaboraron con la policía de la dictadura franquista?
Una cosa es depurar posibles responsabilidades penales (crímenes, máxime si son de lesa humanidad) y otra muy distinta es arremeter contra todos los que fueron empleados del Estado señalando a todo el funcionariado (desde ujieres a médicos) como sospechoso de complicidad en la represión, la discriminación, las torturas y etcétera del régimen. 
Los gemelos Kaczynski, uno es presidente y el otro jefe de Gobierno, pretenden juzgar las conciencias de 720.000 personas, según datos provisionales.
¿Qué hará la UE para impedir que el Gobierno de un país socio que teóricamente es democrático ponga en práctica medidas que son de evidente estilo fascista o estalinista?
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