08 marzo 2012

Caso Montes: La juez califica de libertad de opinión acusar de asesinato a un ciudadano sin pruebas

Hay "espectáculos" que perjudican gravemente al conjunto de la sociedad española; es decir, a la ciudadanía y a las instituciones del Estado. Y son doblemente denigrantes y graves cuando los protagoniza --una y otra vez-- la Justicia.
Cuesta creerlo, pero es verdad. Ahí va la última del aparato que dirige Carlos Dívar, número uno del Poder Judicial y del Tribunal Supremo:
La titular del juzgado de lo penal número 13 de Madrid, Celia Sanz de Robles, considera que Federico Jiménez Losantos, Isabel San Sebastián y Cristina López de Schlichting hicieron uso de su «libertad de opinión» cuando acusaron al doctor Luis Montes de matar a 200 personas.
La juez opina que no injuriaron ni difamaron al médico porque hicieron uso de su derecho a opinar, opinión que está avalada por la Justicia al haber sido emitida por una persona en el ejercicio de su profesión: impartir justicia y en este caso, también opinión.
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Isabel San Sebastián Cabasés
Justicia curiosa, muy curiosa
Hace ya mucho tiempo el propio aparato de Justicia determinó que aquella acusación era radicalmente falsa; es más, el dictamen criticaba a quienes propalaron la infamia, entre los que había cargos públicos --por ejemplo, la aguerrida presidenta de la Comunidad de Madrid.
La justicia que se imparte en España es tan y tan curiosa que, por poner otro ejemplo, estima justo detener y procesar a Eduardo Almirón, acusado de imprescriptibles crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura Argentina pero, sin embargo, descarta de plano aplicar ese razonamiento a las autoridades franquistas que alentaron, decidieron o cometieron los asesinatos de decenas de miles de personas después de haber finalizado la guerra incivil de 1936-39.
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[De hecho, el 27 de septiembre de septiembre de 1975, 50 días antes de expirar el Caudillo, todavía fueron fusiladas cinco personas, sobre las que en al menos dos casos no había pruebas suficientes para que fueran condenadas; sin entrar en consideraciones éticas o morales sobre la decisión de matar legalmente a un ser humano, castigo este cuya aplicación acostumbra a ser defendida por los mismos que califican de asesinato la interrupción voluntaria del embarazo...
Por otro lado, conviene subrayar que me refiero a los crímenes y demás delitos de Estado perpetrados tras el fin de la guerra. Más claro: no vale justificar unas barbaridades alegando que el otro bando en guerra cometía similares desafueros. Me refiero, pues, a los crímenes cometidos durante los casi 40 años de paz gestionados por el Estado franquista; actos que en rigor cabe calificar de terrorismo de Estado, incluidos los extrañamientos, los encarcelamientos, los despidos, las discriminaciones de todo orden y los robos disfrazados de expropiaciones legales por las autoridades gubernativas o judiciales --aparato administrativo este al que juró fidelidad Carlos Dívar.
Todo esto sin olvidar las tramas que se organizaron para robar bebés, la desaparición de cientos de toneladas de aceite de oliva en Redondela o cobrar subvenciones para exportar telares de Matesa que no existían... etcétera, etcétera y etcétera]
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Conviene esperar a ver si suena la flauta y algún cargo público o instancia con posibilidad de hacerlo, incluidos el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, corrige esa libertad de opinión; de lo contrario quedará legalizado el derecho de cualquier ciudadano --sea periodista o no-- a acusar de asesinato a otro y hacerlo con publicidad, aunque carezca de pruebas para ello y aunque sustente la imputación en convicciones, invenciones y elucubraciones.
España protagoniza casi cada semana algún pasaje de la futura historia universal de la infamia... [la semana pasada fue con motivo del anuncio de una tasa de déficit presupuestario cuyo procedimiento de cálculo ha causado estupor en toda Europa, además de una profunda desconfianza en Bruselas y Fráncfort, sedes de la UE y del BCE].
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CON ANTERIORIDAD:
* Sobre Jiménez Losantos: "A cualquier cosa le llaman periodismo",
* Sobre Isabel San Sebastián: "Carta abierta a la periodista Isabel San Sebastián", y
* Sobre Cristina López de Schlichting: "Exclusiva de la Cope: la homosexualidad se puede curar", y
* "Por lo visto y leído, en España hay quienes tienen derecho a difamar".

1 comentario:

  1. bueno me parece que se ha denigrado bastante la justicia española... esto es grave.

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