El año pasado, tal como recuerda Vicenç Navarro, el Parlamento Europeo rechazó la llamada directiva Bolkestein, impulsada por el Partido Popular Europeo (del que forma parte el PP español), cuyo objetivo era liberalizar la libre circulación de los servicios (del negocio) hasta el extremo de que una empresa polaca que trabajara en España, por ejemplo, pudiera pagar a sus trabajadores salarios polacos en lugar de los establecidos en España.
Pues bien, la derecha le ha dado la vuelta a la tortilla, aunque sólo parcialmente y de momento, gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) que da luz verde al derecho de una empresa extranjera a pagar a sus trabajadores los salarios del país en el que ella está radicada, en vez de respetar las normas, leyes o condiciones pactadas en el país donde opera.
En gran medida, este dictamen ha sido posible porque se refiere a un caso acaecido en Suecia, donde los convenios colectivos carecen de rango legal, de forma que la empresa extranjera (en este caso, letona) ha exigido y conseguido que la Justicia le permita abonar los salarios que marca el convenio del país donde está radicada, sensiblemete más bajos que los suecos.
En todo caso, la sentencia destapa el carácter cada vez más mercantilista de la UE y que la soberanía territorial y el patriotismo son papel mojado cuando hay dinero de por medio.
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