El caso Urdangarín abunda en el creciente descrédito de la Justicia

«La Casa Real [es decir, el titular de la Jefatura del Estado] ha dejado ver finalmente cuáles son sus verdaderas intenciones en el caso Urdangarin con la solicitud cursada al instructor de la causa, el juez José Castro, y al decano de los jueces de Palma de Mallorca, Francisco Martínez Espinosa, para que el duque no se vea obligado a hacer el paseíllo hasta los juzgados y sea pasto de los fotoperiodistas, cuando acuda a declarar», según relata El Plural, que no es un medio sospechoso de alentar el descrédito institucional.
[ACTUALIZACIÓN (25 febrero): Se ha impuesto la racionalidad, los jueces aplicarán a Urdangarín el mismo tratamiento que al resto de ciudadanos]

¿Por qué ese y otros medios escrupulosamente prudentes cuando se refieren a las instituciones subrayan ciertos detalles de la instrucción del caso Urdangarín?

Muy sencillo: porque los hechos están convirtiendo en retórica la afirmación de Juan Carlos I: «la justicia es igual para todos», así lo aseveró el monarca en su mensaje navideño de diciembre pasado.

Ignoro si ha sido premeditado, pero esta misma semana la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también ha restado credibilidad a las palabras del rey y, por ende, lo ha hecho en un programa de la TV pública, Los desayunos de TVE, donde Gabriela Bravo ha dicho, textualmente, que «no todos los imputados son iguales, no todos los asuntos judiciales están sometidos a la misma presión mediática»... ¿?

¿Qué criterio legal ampara proteger con discriminatorio rigor la imagen de unos reos, o no evitar la satanización de otros?

[ACTUALIZACIÓN (lunes 13 febrero): La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha abundando en sus declaraciones sobre la igualdad aludiendo a las "circunstancias de cada caso" y alega que, "por lo que he visto, algunos no lo comprendieron"... en resumen, resbaló y ahora trata de levantarse disimulando lo que ahora presenta como un batacazo]
  

Es más, en un Estado democrático de Derecho, que entre otras muchas cosas consagra la igualdad ante la ley, está justificado informar con mayor amplitud de los acusados de delitos que afectan al bien común que de los sospechosos de episodios delictivos de ámbito privado.

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¿Ciega?...

Credibilidad bajo mínimos
Pero por encima de esas consideraciones, hay una más sustancial:

¿Acaso la Justicia española es la que corresponde a un Estado democrático de Derecho, máxime teniendo en cuenta que el presidente del Tribunal Supremo juró fidelidad a los principios políticos del Movimiento Nacional?

¿Se imagina usted que Konrad Adenauer hubiera propuesto y nombrado presidente del Supremo de Alemania a un jurista que unos años antes había jurado su acceso a la función pública asumiendo los dogmas de III Reich y del Mein kampf de Hitler?

[Es perfectamente admisible que una vez aprobada la Constitución de 1978 el Estado conservara en plantilla a la generalidad de los  funcionarios, pero desde una óptica democrática es injustificable que accedan a las más altas instancias de poder judicial quienes asumieron como propios los criterios políticos y técnicos de la dictadura]
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Un episodio singularmente chusco 

Los avatares del caso Urdangarín son chuscos, tanto que hasta Diego Torres --presunto cómplice del presunto delincuente apellidado Urdangarín-- ha exigido que no se dé trato de favor al esposo de la infanta; así lo ha solicitado en escrito presentado por su abogado tras enterarse de la existencia de presiones para que la declaración del yerno del jefe de Estado no sea grabada con el pretexto de evitar que sean divulgadas la voz y la imagen del duque, según ha informado El país, medio este al que también sería absurdo tildar de anti-monárquico.

Y El mundo, otro medio que tampoco aboga por el derrocamiento de la monarquía parlamentaria, ha publicado un editorial subrayando que en la tramitación del caso Urdangarín se están otorgando privilegios al investigado más popular: «Es la primera vez que un miembro de la Casa Real se ve envuelto en un proceso judicial y por ello todos los implicados deberían esforzarse por cumplir escrupulosamente, no sólo la ley, sino los procedimientos habituales que se siguen con cualquier ciudadano. Es el momento de demostrar que lo que dijo el rey en su mensaje navideño se corresponde con la realidad», precisa el rotativo madrileño.

En resumen, el episodio viene a confirmar lo que es evidente desde hace ya años: la deriva del poder judicial es inquietante.

Otra prueba del creciente descrédito de la Justicia es que desde 1978, año de aprobación de la Constitución vigente, distintos tribunales de diferentes jurisdicciones han declarado ilegales, irregulares o contrarias a Derecho decenas de escuchas ordenadas por jueces, pero sólo un instructor, sólo uno, ha sido condenado por ese motivo --dando por correcto el contenido de la sentencia.

Acatar es obligado, no se trata de romper la baraja. Pero eso no equivale a bendecir comprotamientos propios de un régimen bananero.