El futuro de internet: La Eurocámara debilita la credibilidad de la UE

El pasado 27 de enero fue noticia [aunque casi todos los medios la ignorasen y muy pocos percibieran y reconocieran la trascendencia que tiene] que la mayoría de los gobiernos del civilizado Occidente habían suscrito el ACTA: acuerdo internacional anti-falsificación que, amén de oscurecer la libertad, la utilidad social y los derechos de los usuarios de internet, también abre la puerta a declarar ilegales los medicamentos genéricos, entre otras aberraciones.
La firma del ACTA fue precedida de una premeditada, coordinada y prolongada operación de ocultamiento, cuyo propósito era que la ciudadanía no tuviera ni tenga conocimiento de lo que iban a firmar los poderes públicos de decenas de países civilizados --el Estado español también ha suscrito el texto.

[Por cierto, la denominación Ley Sinde, que es la utilizada por todos los medios de información y por la generalidad de los ciudadanos e internautas, convendría sustituirla por la de Ley Sinde-Wert]
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Los medios convencionales silencian la ofensiva en pro de ACTA 
Pues bien, estos días, también con el silencio informativo de casi todos los medios, es noticia la denuncia presentada por Ante Wessels, de la Fundación para una Infraestructura de Información Libre, ante el defensor del pueblo de la UE contra el Parlamento Europeo, que mintió reiteradamente para dificultar el acceso a los documentos que informaban de los pasos que daban los responsables de diferentes organismos y comités parlamentarios para facilitar la firma del ACTA sin dificultades sociales ni políticas:

«Acabo de registrar una queja por mala administración ante el Defensor Europeo y contra el Parlamento Europeo por mentir sistemáticamente sobre la existencia de documentos (...) Los coordinadores de INTA, JURI y AFCO tomaron decisiones en relación al ACTA que no fueron anunciadas en los propios comités. Estas decisiones fueron ilegales por dos motivos. En primer lugar, el texto del ACTA ya se había publicado, las discusiones debían haberse llevado a cabo en público. En segundo lugar, los coordinadores pueden preparar [proponer] decisiones, pero no pueden tomarlas».

La operación de ocultamiento ha convertido en agua de borrajas los siguentes preceptos legales: artículo 103 de las Reglas de Procedimiento del Parlamento, artículo 1º del Tratado de la Unión Europea, artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la UE, y artículo 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión.

MÁS detalles, en ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS.
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